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Un agente, ante un año de cárcel
 

Un policía local, condenado por propinar dos puñetazos a una mujer en un semáforo

El funcionario debe indemnizar a la víctima con 2.000 euros por las lesiones y las secuelas psicológicas que se produjeron tras el incidente

 
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R. GARCÍA
El policía local J. A. M. G. ha sido condenado a un año de prisión y al pago de 2.000 euros de indemnización a una mujer a la que propinó «dos puñetazos» tras una incidencia de tráfico que tuvo lugar en agosto del año 2007. El funcionario policial ha sido condenado por el juez Lino Rubio Mayo, titular del Juzgado de lo penal número uno de los Juzgados de Gijón.

Según se recoge a lo largo de los seis folios de sentencia, el magistrado considera probado que en el mediodía del 2 de agosto del año 2007, el acusado «mantuvo una discusión por una incidencia en el tráfico con la víctima en la calle Ezcurdia en Gijón, en el transcurso de la cual le propinó dos puñetazos en la nariz». Según la víctima, los golpes se produjeron después de una pequeña persecución por varias calles de la ciudad.

Esta agresión le ocasionó a la mujer un traumatismo con hematoma, además de una fractura de huesos sin desplazamiento. La víctima tuvo que dedicar veinte días a la curación de las lesiones y precisó tratamiento médico ortopédico, así como la baja laboral de catorce jornadas. También como consecuencia de esta agresión, a la mujer -que en el momento del suceso bajaba del Hospital de Cabueñes- le ha quedado una pequeña secuela, como es la reducción del flujo de aire por la fosa nasal derecha.

En el momento de los hechos la víctima no pudo reconocer al agresor como un funcionario policial, ya que éste no vestía el uniforme por no encontrarse de servicio.

Como consecuencia de estos hechos, ahora el acusado ha sido condenado, después de que el juez escuchara a todas las partes en la vista oral del juicio, a un año de prisión y una indemnización que asciende a la suma de 2.000 euros, mil euros por un delito de lesiones del que se le considera culpable y otros mil euros por las secuelas psicológicas derivadas. La fiscalía solicitaba la imposición de esta pena, mientras que la acusación particular elevaba la condena hasta los dos años de prisión. La defensa del policía local pedía, por su parte, la libre absolución del acusado.

Lo único que no se le ha reconocido a la víctima es que la ruptura de sus gafas fuera consecuencia de esta agresión.

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