ÁLVARO CUERVO
Jovellanos plantea muchos negocios potenciales en Asturias basados en la agricultura, la industria y la pesca. En carta dirigida a Ponz escribe: "Si se atiende a las posibilidades que tiene el país para fomentar muchos ramos de provechosa y fácil industria, se puede asegurar que en ninguna otra provincia se halla más atrasada que en Asturias». Igualmente, en la carta séptima afirma que «Asturias esta llena de fierro...., abunda el helecho, el ocle marino,? no hay quien sepa hacer una botella para embotellar su sidra, buenos cueros y nadie sabe curtirlos....». La falta de conocimientos es, pues, para él, la principal, sino la única, causa del atraso.
Jovellanos olvidó que lo que inspira la actividad empresarial con éxito no es sólo ver lo que otros no ven, sino la voluntad, la determinación y la capacidad de liderazgo necesario para explotarlo. No es sólo falta de tecnología o de capital, es cuestión de empresarios. Y en Asturias, a finales del XVIII, al igual que en los dos siglos siguientes, la industrialización fue hecha por hombres de fuera de la región.
La creación de riqueza y el dinamismo de un país se sustenta sobre la competitividad de sus empresas y ésta depende básicamente de las capacidades de sus empresarios y directivos. Las fuentes de creación de riqueza residen en la explotación del saber hacer tecnológico; el desarrollo y la comercialización con éxito de nuevos productos y servicios; las nuevas formas de organización empresarial y los estilos de dirección que permitan el desarrollo de intangibles y la creación de capacidades dinámicas. En resumen, dependen de los empresarios.
Alexander Jardine, militar, espía y cónsul inglés, corresponsal de Jovellanos, escribe en sus Cartas de España: «Sospechamos aquí que es probable que no puedan fabricar en este país un buen par de zapatos sin cambiar su Gobierno y su religión». Igualmente Townsend, a su paso por Asturias en 1786, señala que «cuidan muy poco la calidad... si los asturianos prestasen atención a este proceso, su sidra llegaría a ser un importante artículo de exportación. Hacen lo contrario que los ingleses.... no separan la fruta perdida, no decantan la sidra cuando se ha aclarado, etc.» El mismo Townsend, al visitar Oviedo y ver los escasos incentivos para trabajar, consecuencia de la organización social y el reparto de las limosnas, dictaminó que «aquí existe el mismo incentivo para trabajar que el que encontraría un hombre para cavar un pozo si dispusiera de una fuente que le proporcionara agua».
Jovellanos tradujo la obra de Cantillón: «Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general» y conoce bien su trabajo -Cantillón creó la palabra «entrepreneur», empresario, emprendedor en todas las lenguas-; pese a ello atribuye los problemas de Asturias más a la ausencia de formación y de tecnología que de empresarios. No obstante, en la Carta sobre la industria de Asturias (1795) cuando analiza la falta de competitividad, tanto de la industria doméstica -popular- como de las manufacturas concentradas públicas o privadas, habla no sólo de costes, sino de ausencia de empresarios, e incentivos a la inversión. Destaca la ausencia de un mercado interior que estimule la entrada de empresarios, la existencia de capitales ociosos, la deserción de la burguesía terrazguero y el escaso valor añadido de nuestras producciones; recuerda, en fin, los factores institucionales y la confrontación entre la acción del Estado y el mercado, sobre los que hablaré a continuación.
Sobre el intervencionismo, las leyes y el rechazo a la libertad de entrada y salida como limitaciones al desarrollo. De niño sólo conocí dos curiosas libertades comerciales, la de Marta, la pescadera de Candás que vendía las sardinas en la aldea a distinto precio según la capacidad adquisitiva e inteligencia de la compradora, y las tiendas de los pueblos, antecedentes de El Corte Inglés que tenían de todo, daban crédito -antecedente de las tarjetas de crédito- y practicaban la libertad plena de horario. Durante un corto período estuvieron ambas sometidas a la presión de un cura fundamentalista que les llegó a denunciar a la autoridad gubernativa por no respetar los domingos y festivos. Un período corto y molesto. Ahora insisten en regularnos todo y lo hacen pensando en nosotros, justo a quienes perjudican.
Jovellanos, en el Informe en el expediente de la Ley Agraria escribe: «No hay alguno que no exija de vuestra alteza nuevas leyes para mejorar la agricultura, sin reflexionar que las causas de su atraso están por la mayor parte en las leyes mismas y que, por consiguiente, no se debía tratar de multiplicarlas, sino de disminuirlas; no tanto de establecer leyes nuevas como de derogar las antiguas». Igualmente, Joseph Townsend se extrañaba de la forma de fijación de precios de productos como la carne, sin tener en cuenta la calidad, y señalaba cómo el poder está siempre muy ocupado entrometiéndose en cosas que se regularían mucho mejor y de forma natural sin su intervención.
Esto se mantiene; tenemos tal fe en la norma que todo se soluciona con nuevos decretos o leyes, el que se cumplan o no es menos relevante. La cuestión es dar la sensación de que se soluciona el problema con leyes, cuando lo que se hace es proteger al regulador y al político. Su coste, resultados y perjuicios no importan.
La conjetura que se ha contrastado es que diferencias en las instituciones y las políticas de intervención implican diferencias en el desarrollo empresarial de los países. Las instituciones, pues, contribuyen positivamente al comportamiento emprendedor. La protección de los inversores no sólo hace posible el desarrollo de los mercados y mejora su valoración, sino que permite la aparición de empresarios y el desarrollo de la actividad empresarial al facilitar su financiación en mejores condiciones, al disminuir el riesgo y facilitar la asignación eficiente de recursos.
La eficiencia en el funcionamiento de las instituciones es un factor determinante del crecimiento económico y de la competitividad de un territorio. Se ha constatado que la calidad institucional de España en 2008 es menor que hace diez años, tanto en valores absolutos como en términos internacionales (Círculo de Empresarios. Fundación Ramón Areces, 2008). Antes de diciembre el Gobierno y las comunidades tienen un reto: adaptar el marco legal a la Directiva de liberalización de servicios «Bolkestein». Es la oportunidad de reducir las trabas burocráticas al comercio y a la hostelería -licencias de apertura, horarios, etc.-, el control de los colegios profesionales, etc. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha identificado 58 procedimientos administrativos susceptibles de ser eliminados, y ello sin considerar las regulaciones autonómicas.
Pensemos en los trámites y tiempo que requiere la creación de una empresa. Todos los gobiernos han prometido que harán posible que se cree una empresa en 24 horas y aprobará un programa de reducción de trámites; pero me temo que seguiremos esperando. Si contar con las restricciones adicionales que han incorporado las legislaciones autonómica y local. No toda descentralización implica mejoras de eficiencia y eficacia y es posible que genere oportunidades para los buscadores de rentas y los grupos de interés. Al igual que en el pasado espero que ante algunas regulaciones autonómicas la gente exija pasar al realengo, a la jurisdicción directa del Rey, el Estado, para superar la presión de los señoríos episcopales y laicales.
Un marco intervencionista, con gobiernos y/o políticos dotados de una gran discrecionalidad hace que se asignen ineficientemente los recursos y se genere un clima contrario a la creación empresarial y al desarrollo de la empresa; si bien puede favorecer la búsqueda de «rentas políticas» es contrario a las exigencias de la globalización y la competitividad. Se cercena la sociedad civil y todo se convierte en decisión política, hasta un simple problema de transporte de poco volumen se convierte en objeto de discusión política en cuanto al operador ferroviario, FEVE, y los potenciales puertos, Avilés-Gijón, a utilizar.
Por todo ello, me gustaría insistir en que ante la crisis actual debemos de evitar los errores del pasado, es decir aplazar los ajustes; antes bien es preciso favorecer la libertad de entrada y salida en la actividad empresarial y no condicionar los procesos de reordenación productiva, ni la externalización o subcontratación de actividades, servicios y procesos de negocio.
Inicialmente, la externalización estaba unida a la fabricación de componentes y partes de los procesos industriales en sectores consolidados con tecnologías maduras. Ahora afecta a elementos, componentes y procesos de alto valor añadido de la cadena productiva, en industrias intensivas en tecnología, centros de I+D, diseño, gestión del conocimiento, análisis de negocios, etc. La externalización y la necesaria reordenación de las actividades no es sólo un proceso de búsqueda de eficiencia sino de flexibilidad y mejora continua en procesos productivos para responder a la innovación, adaptarse a la demanda y a los cambios y así sobrevivir en mercados globales. En un territorio que posibilita la externalización y la flexibilidad organizativa se favorece la creación de oportunidades de negocio y la creación de empresas.
No todo es decreto
«Tenemos tal fe en la norma que todo se soluciona con nuevos decretos o leyes, el que se cumplan o no es menos relevante. La cuestión es dar la sensación que se soluciona el problema con leyes, cuando lo que se hace es proteger al regulador y al político. Su coste, resultados y perjuicios no importan»
Marco intervencionista
«Un marco intervencionista, con gobiernos y/o políticos dotados de una gran discrecionalidad hace que se asignen ineficientemente los recursos y se genere un clima contrario a la creación empresarial y al desarrollo de la empresa, si bien puede favorecer el desarrollo de «rentas políticas· es contrario a las exigencias de globalización y la competitividad»
