El alcalde ovetense, Gabino de Lorenzo, envió ayer una carta a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en la que le recrimina que le invitara a firmar un convenio en Madrid para ser «un mero convidado de piedra». «Me ha hecho perder el tiempo a costa del dinero de los ovetenses», lamenta el Alcalde.
«Atendiendo a la convocatoria que se transmitió desde su gabinete a mi secretaría, hoy (por ayer) me personé en la sede de su Ministerio para la firma del convenio de financiación de varios ámbitos de vivienda protegida en Oviedo. Asistí porque ustedes me citaron, y cuál no sería mi sorpresa al comprobar que el Ayuntamiento, a quien tengo el honor de representar, era un mero convidado de piedra ¡Sencillamente intolerable! Este tipo de gestos mezquinos no son propios de una institución seria», se queja en su carta De Lorenzo.
«De sus compañeros del Principado nada me sorprende ya, pero que un miembro del Gobierno de España se preste a estos juegos resulta, francamente, inaceptable. En fin, me han hecho perder el tiempo a costa del dinero de todos los ovetenses pero le aseguro que no permitiré que algo así se repita», añade el Alcalde.
«En cuanto al fondo de la cuestión, y ya que tanto la Administración autonómica como la estatal asumen como propio el plan ideado, diseñado y gestionado por el Ayuntamiento de Oviedo, debo recordar que los ámbitos vinculados a San Claudio exigen la resolución inmediata de dos problemas infraestructurales: la conexión de la autovía con San Claudio mediante la construcción de un enlace y la mejora de la red de saneamiento, puesto que los nuevos desarrollos harán que el actual sistema de evacuación y depuración se quede corto al estar, en la actualidad, al límite de sus posibilidades», reclama el Alcalde.
«Ejecutar un plan de vivienda exige algo más que hacerse una foto. Sin un saneamiento adecuadamente dimensionado y un enlace con la red estatal de carreteras, "nuestro/vuestro" plan de vivienda protegida será papel mojado. Huelga decir que ambas inversiones exceden con creces de las posibilidades económicas del Ayuntamiento y que los ámbitos afectados no pueden soportar, cabalmente, más cargas de urbanización. En definitiva, habrán de ser las inversiones estatales y autonómicas las que den respuesta a ambos problemas».
