Oviedo,
Marián MARTÍNEZ
El pacto entre la Federación Socialista Asturiana (FSA) e Izquierda Unida (IU) ya se ha empezado a aplicar. Y se vio con claridad ayer, en el Pleno de la Junta General, el primero que se celebra después del acuerdo entre los dos partidos de la izquierda. La alianza del PSOE e IU truncó las pretensiones del PP de obligar al Gobierno a crear una comisión que investigue a fondo la gestión de Alejandro Alcázar, ex jefe del servicio de Arquitectura de la Agencia de Proyectos Culturales, destituido recientemente.
El diputado de IU Francisco Javier García Valledor se ausentó de la votación para no romper la disciplina de voto. Previamente había intervenido para anunciar, escuetamente, que la coalición se opondría a la propuesta del Partido Popular. García Valledor, crítico con la alianza con los socialistas -votó en contra en la reunión del consejo político de Izquierda Unida-, había denunciado reiteradamente en el Parlamento los sobrecostes de las obras en la Laboral. En la anterior legislatura, García Valledor fue consejero de Justicia.
Alejandro Alcázar fue destituido el día 10 del cargo de jefe del servicio de arquitectura de la Agencia de Proyectos Culturales, dependiente del Gobierno asturiano y dirigida por Jorge Fernández León. Días antes, Ramón García Cañal, diputado regional del PP, había denunciado que Alcázar, pese a tener dedicación exclusiva, trabajaba para la empresa que debía controlar en la ejecución del centro deportivo y de ocio de Langreo.
Según el Partido Popular, Alcázar cometió más irregularidades. Ramón García Cañal sostuvo ayer en el Parlamento que este arquitecto trabajó en numerosas ocasiones para Sedes, empresa adjudicataria de las obras de Espacios Universitarios de la Universidad Laboral, con un presupuesto de 9 millones de euros; de las obras del Museo de Bellas Artes, con un coste de 30 millones de euros y adjudicada, según el Partido Popular, con baja temeraria; el Centro Óscar Niemeyer de Avilés, y el Parque de la Prehistoria de Teverga. García Cañal añadió que Alcázar formaba parte de las mesas de contratación. A todo esto hay que sumar, según el Partido Popular, que fue el actual gerente de Sedes, Santiago Caicoya, quien «fichó» a Alejandro Alcázar «por libre designación para la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales». Caicoya dirigió esta agencia antes que Jorge Fernández León.
«Aquí hay claros indicios que apuntan a la corrupción y a una trama económico financiera que hay que investigar. Es necesario saber para cuántas empresas más ha trabajado este arquitecto, y cuántas de ellas han sido adjudicatarias de obras del Principado», aseguró Ramón García Cañal.
El diputado socialista Álvaro Álvarez defendió la actuación del Gobierno regional al conocer las supuestas irregularidades, y destacó la «diligencia» del Ejecutivo asturiano al destituir al arquitecto. Añadió que todos los demás argumentos del PP forman parte «de una trama maquiavélica fruto de la imaginación del señor Cañal».
Tradicionalmente Izquierda Unida ha sido defensora de las comisiones de investigación.
