Oviedo, M. PALICIO
Las denuncias de los jueces sobre sus carencias laborales han calado en otros colectivos de la administración de justicia. Los fiscales comparten las reclamaciones, pero no la convocatoria de huelga.
Si entramos en detalles, la graduación de la tolerancia a la huelga -propuesta para el 26 de junio, con las primeras protestas el 18 de febrero- va del «absoluto respeto a la decisión de los jueces» que manifiesta la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), mayoritaria en Asturias, a la oposición abierta que se deja ver en las posturas de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales (AF).
La APIF secunda las quejas de los jueces sobre «la carencia de medios personales y materiales en la justicia». Esta asociación d respeta la decisión de los jueces, pero sin dar por sentada «la existencia de su derecho de huelga», cuestión, a su juicio, «jurídicamente discutible»; ello al margen de la conveniencia de adoptar dicha posición de fuerza frente al poder ejecutivo en estos momentos, antes de haber planteado formalmente las reivindicaciones de lo que se pretende».
«Hay que lamentar», reconocen, «que se tenga que llegar a anunciar una huelga en la judicatura para que la clase política tome en consideración las reivindicaciones materiales de la administración de justicia».
Mucho más rotunda en su rechazo a la huelga es la Unión Progresista de Fiscales. Consideran que «paralizar un servicio público esencial no parece el cauce más adecuado para formular peticiones en materia de política judicial. No se entiende qué puede aportar el paro, salvo munición a quienes se limitan a considerar que somos colectivos privilegiados, consentidos y corporativistas».
Los fiscales progresistas también retratan su ambiente laboral. Denuncian la existencia de «un grave déficit estructural que los poderes públicos no han sabido corregir», pero también destacan dos circunstancias que configuran una visión menos apocalíptica: esa carencia de medios «es el origen de muchas disfunciones, pero no de todas», y «la responsabilidad individual tiene también su parte de culpa».
La Asociación de Fiscales considera «inoportuna» una huelga que creen que podría evitarse si las asociaciones de jueces estuvieran dispuestas a «sentarse a negociar» con el Ministerio».
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