Oviedo, Luis MUÑIZ
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha dado un año de plazo para cerrar el campo de prisioneros de Guantánamo. «Nosotros no torturamos», sentenció el pasado jueves, su tercer día en la Casa Blanca, pero la decisión, que le permite marcar nítidas diferencias con su predecesor, George W. Bush, y su muy contestada «lucha contra el terror», es también una arriesgada apuesta: en los próximos doce meses Obama y su equipo deberán ingeniárselas para sacar a los 248 presos que aún permanecen en el centro de detención del «limbo legal» en el que se encuentran.
Limbo legal dentro del cual se abre otro limbo, porque hay más de un centenar de prisioneros que no entran ni en la categoría de excarcelables (no hay cargos contra ellos, pero no se los ha repatriado por temor a que fueran torturados) ni en la de procesables. No hay pruebas contra este tercer grupo de presos, pero se los considera «muy peligrosos».
La Administración Bush ideó el penal de Guantánamo para encerrar y juzgar a presuntos terroristas de Al Qaeda y a talibanes afganos, pero, al estar situado en un lugar que técnicamente no es territorio de EE UU (una base naval en suelo cubano), el Gobierno republicano dejó a los reclusos fuera de la Convención de Ginebra y, al mismo tiempo, sin las garantías de las leyes norteamericanas.
La nueva Casa Blanca tiene un año para responder, entre otras, a estas preguntas: ¿dónde y con qué leyes serán procesados los detenidos que se hallan a la espera de juicio?, ¿a qué país se trasladará a los liberados por falta de pruebas?, ¿podrán éstos vivir en EE UU si sus países de origen no los acogen o si los amenazan con la tortura?
Los países europeos, muy críticos con la apertura del penal y los métodos empleados en él, pueden ser ahora parte de la solución; pero, ¿lo serán? Hoy los ministros de Exteriores de la UE abordarán el asunto. Lo tratarán con reticencias pero, sobre todo, con preocupación, pues temen que «un problema del Gobierno de EE UU» (y son palabras del jefe de la diplomacia europea, el español Javier Solana) se convierta, además, en un «problema europeo», como dijo el ministro italiano del ramo, Franco Frattini, el pasado jueves.
Ese mismo día la Unión ya dejó claro que no tiene prisa en responder a la petición de Obama de que terceros países acojan a algunos de los prisioneros tras su excarcelación. De hecho, sólo dos socios, Portugal e Irlanda, se han mostrado abiertamente dispuestos a hacerlo, e incluso Dublín quiere que, con carácter previo, la UE y Estados Unidos firmen un acuerdo.
Es cierto que Bruselas no ha recibido aún una petición formal, pero Obama, que visitará el continente el próximo abril, reclamó ayuda a los europeos para cerrar la cárcel durante la campaña electoral.
Por encima, los países comunitarios muestran su satisfacción por la orden de cerrar la prisión de Guantánamo y afirman que su clausura fortalecerá la cooperación contra el terrorismo a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, por debajo, la «patata caliente» de Guantánamo quema demasiado a los líderes europeos: por más que renieguen de Bush, no olvidan que éste calificó a algunos de los encarcelados como «lo peor de lo peor».
En el caso de España, hubo que esperar a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se deshiciera en elogios hacia Obama para escuchar algo relativamente concreto: «Si podemos hacer algo, lo haremos», dijo un eufórico jefe del Ejecutivo. Hasta entonces la posición española era, cuando menos, remisa, y el Gobierno alegaba que no había recibido ninguna petición o que, llegado el caso, habría que estudiar la situación de cada preso. Ésta es también la posición de Francia. Suiza, desde fuera de la UE, se ha ofrecido a recibir a algunos presos tras su liberación.
Distintas fuentes diplomáticas comunitarias dan por seguro que sólo se acogería a los detenidos «menos problemáticos», de los que se demuestre su inocencia y que provengan de países en los que podrían ser torturados si se los repatriara. Es el caso de los 17 musulmanes chinos de la etnia uigur capturados en Pakistán en 2001 y que, ya en 2004, el Pentágono consideró que no representaban ningún peligro.
Según datos de la organización Human Rights Watch, sólo 60 de los 248 prisioneros que aún continúan en el penal cumplirían estas condiciones, provendrían de Argelia, Azerbayán, China, la Autoridad Nacional Palestina, Rusia, Siria, Chad, Túnez y Uzbekistán.
Aunque es improbable que la UE tome hoy una decisión, sí podría dar un primer paso para ayudar a Obama a cerrar el centro de detención, algo a lo que ha animado a la Unión su coordinador antiterrorista, Gilles de Kerchove. Para ello Francia presentará a sus socios comunitarios un plan, elaborado por un grupo de diplomáticos, que da libertad a cada país para que decida.
En esencia, el plan propone utilizar un sistema ya aplicado en 2002 para 13 de los 123 palestinos que ocuparon la basílica de la Natividad en Belén. Los 13 fueron expulsados por Israel, que los consideró terroristas, y tres de ellos terminaron en España como refugiados políticos.
Ésta podría ser la fórmula elegida por la UE, pese a que todo parece indicar que sus miembros no se pondrán a la tarea hasta que reciban una petición formal del nuevo presidente. Al fin y al cabo, aún queda un año por delante, y hasta John McCain, rival de Obama en las presidenciales y adalid contra la tortura, cree que la orden de cerrar el campo de prisioneros «es la parte fácil» del proceso. Los norteamericanos, entre tanto, están divididos en cuanto a la clausura del penal, según las encuestas.
