ESTEBAN GRECIET
PERIODISTA
Dos solemnes monumentos a la hipocresía han sido redactados a la medida de los deseos del Gobierno, y a satisfacción del negocio del ramo, sobre el sangrante asunto del aborto provocado. Si la eliminación legal de seres humanos incipientes, que se viene perpetrando con una permisividad supuestamente restrictiva, ocasiona más de cien mil muertes censadas al año (la realidad es mayor), cabe esperar una aún más gigantesca matanza, incluso en gestaciones casi a término, con la regulación que ahora proponen los presuntos expertos y la subcomisión del Congreso, en la que sólo se «oyó» la opinión de dos o tres discrepantes que ni siquiera son citados.
¿Cómo puede afirmar esa atolondrada «miembra» del gabinete zapateril que tan exterminatorias previsiones defienden no sólo los derechos de la mujer, sino también ¡los del no nacido!? Seguro que por el simple hecho de que sus «expertos» sugieren un llamado «período de reflexión» de apenas tres días, una especie de treta para tratar de eludir la muy probable inconstitucionalidad del texto.
Aparte de este detalle, los argumentos y las conclusiones de ambos documentos son prácticamente coincidentes, a la carta de las demandas gubernamentales, y a la vez en línea con lo esperado después de los escándalos de flagrantes irregularidades detectadas en una serie de abortorios investigados; las más crueles de ellas, en los del tristemente célebre doctor Morín.
Tengo ante la vista la copia literal del informe de la subcomisión constituida a iniciativa de los grupos parlamentarios Socialista, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y Ezquerra Republicana, cuya composición ya dice bastante de su imparcialidad. La primera de sus armas es la perversión del lenguaje, que ha logrado imponer, por ejemplo, la expresión «interrupción voluntaria del embarazo», IVE, que suena aún mejor, al acto de dar muerte a un ser humano en su fase incipiente, lo que no interrumpe, sino que elimina una vida de modo definitivo.
Doce folios de una tendenciosidad sin paliativos que, tras valorar los cambios sociales, los derechos «a la salud sexual y reproductiva», además del supuesto «enfoque punitivo» de la normativa actual, que despenaliza los tres supuestos «terapéutico, ético y eugenésico», para considerarla injusta y desfasada con los países «de nuestro entorno», y situar bajo sospecha la objeción de conciencia, establecen una suerte de aborto semilibre con vocación de ser libre del todo.
El informe propone la derogación del delito de aborto; que las embarazadas reciban información y decidan «sin supervisión de terceros» (condición contradictoria con la figura de los facultativos necesarios que el mismo texto establece), reconocer a las jóvenes desde los 16 años la libertad de abortar sin permiso de sus padres y a ser oídas a partir de los 12; regular la objeción de conciencia, asegurar la confidencialidad, dignificar la profesionalidad de los facultativos que practiquen el IVE e incluir éste en los planes de estudio, libertad de acceso de los jóvenes a los anticonceptivos, a la píldora poscoital y a la RU-486, ambas abortivas.
En definitiva, «la futura ley de plazos» (sic) permitiría el aborto libre, según el comité de expertos, hasta las 14 semanas de gestación y 22 en el caso de peligro para la salud de la madre o graves anomalías en el feto «incompatibles con la vida» (!). Esto último, por aplicación del exterminador principio nazi de las vidas sin valor.
Consecuentes con semejante valoración, los miembros de la subcomisión parlamentaria han sentenciado que, en el caso de la IVE, «no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales: los únicos derechos fundamentales implicados en la cuestión son los de las mujeres»? Ante su estado de necesidad, la vida del niño que crece en su seno es despreciable. ¿Y qué diremos de los agentes necesarios para practicar el IVE? Ellos no han sido violados, ni están en riesgo de sufrir calamidad alguna por el embarazo ajeno, muy al contrario: sacarán provecho de la situación.
En fin, conclusiones absolutamente vulnerables porque son sectarias, ideológicas y anticonstitucionales. Leo en el periódico del día un artículo sin desperdicio de Alfonso L. Quintás cuyos conceptos hago míos: «La nueva ley que nos amenaza con permitir el aborto libre, sin más motivación que el capricho individual, va a causar un bochorno insoportable a quienes no hayan perdido del todo la capacidad de pensar y de sentir».
Mala es la barbarie en sí, pero mil veces peor la barbarie disfrazada de justicia.
