La fiscalía descartó ya en 2006 que hubiera delito urbanístico en Cabueñes

Eloy MÉNDEZ

La fiscalía, que deberá analizar si existen indicios de delito en la reventa de la finca de Cabueñes por la que el ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón Ovidio Blanco obtuvo más de 600.000 euros, archivó una denuncia por prevaricación contra la actuación en la parroquia de los responsables del urbanismo gijonés en el año 2006. La demanda fue presentada por Javier Baizán, en nombre de la Asociación de Vecinos de La Pontica, al entender que los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento no se ajustaban a la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al desarrollar el plan parcial de Cabueñes. El fiscal Joaquín de la Riva tardó tres semanas en archivar la causa y dar carpetazo al asunto.

Baizán presentó la demanda ante la fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el 10 de enero de 2006, al considerar que el desarrollo del plan urbanístico para Cabueñes transgredía la normativa medioambiental, territorial y cultural. Por eso, el vecino englobó en su demanda a los responsables de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, tanto los de carácter técnico como político. A todos se les imputaba un delito de prevaricación, al favorecer una política urbanística que era contraria a la legalidad vigente.

El fiscal abrió diligencias para dilucidar si la actuación de la concejalía constituía delito, pero a las tres semanas de iniciar su investigación decidió cerrarla al entender que no había ninguna prueba de que los firmantes del plan de Cabueñes hubiesen cometido infracción penal alguna.

Joaquín de la Riva, el fiscal que archivó aquella demanda, podría ser ahora el encargado de iniciar la investigación para averiguar si la reventa de Ovidio Blanco constituye algún tipo de delito. Lo sería si la fiscal de Área de Gijón, Rosa María Álvarez, traspasase el asunto a la fiscalía de Medio Ambiente del TSJA, una vez el gobierno municipal de Paz Fernández Felgueroso puso en su conocimiento los datos de la operación de Blanco, que aparecieron publicados en un periódico de ámbito nacional el pasado lunes. Además, varios colectivos vecinales meditan iniciar también algún tipo de trámite judicial para dilucidar la responsabilidad del que fuera máximo responsable técnico del planeamiento urbanístico del concejo.

Uno de los colectivos más destacados en la denuncia de supuestas irregularidades en el desarrollo del plan parcial de Cabueñes es la plataforma Paremos el Muro de Cabueñes. Sus miembros han reconocido públicamente que están esperanzados ante la posibilidad de que, finalmente, salgan a la luz las infracciones que ellos han denunciado desde hace meses. Además, las dos asociaciones de vecinos de la parroquia (La Pontica y Fontevilla) también han anunciado que seguirán muy de cerca todo el proceso iniciado, con la esperanza de frenar la construcción de bloques de viviendas en una zona donde ahora sólo hay casas unifamiliares.

-Javier Baizán, ex vicepresidente de la Asociación de Vecinos «La Pontica» de Cabueñes, presenta el 10 de enero de 2006 una demanda ante la fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón por incumplir la normativa vigente en el desarrollo del plan de Cabueñes.

-En la demanda se recogen la vulneración de numerosos preceptos legales en relación con el medio ambiente, la organización territorial y la preservación cultural de la parroquia de Cabueñes.

-El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, archiva la demanda tres semanas después de su presentación al alegar que no observa ningún tipo de delito en ninguno de los comportamientos de los técnicos y políticos a los que se acusaba de ir contra la ley.

-La fiscalía debe ahora investigar si existe delito en la reventa de la finca La Llosina, por la que Ovidio Blanco obtuvo más de 600.000 euros.