M. SUÁREZ
El proyecto de actuación del plan parcial de Cabueñes atribuye al Ayuntamiento de Gijón dos fincas que habían perdido la titularidad municipal en los tribunales. El listado de propiedades incluido en el documento, que se presentó el 10 de julio de 2007 ante los servicios urbanísticos de la ciudad, nada dice de María Jesús Ardura García, la persona que en esa fecha tenía escrituradas a su nombre las dos parcelas en cuestión.

María Jesús Ardura llevaba, desde 2001, luchando judicialmente contra el Ayuntamiento gijonés. Empezó a pleitear a raíz de que Hacienda y la Seguridad Social incluyesen estos terrenos en una permuta con el gobierno municipal. Como llevadora de las parcelas, esta agricultora reivindicó su derecho de retracto (prioridad ante terceros en la compra del bien arrendado), amparándose en la ley de Arrendamientos Rústicos. El Tribunal Supremo falló a su favor y el Ayuntamiento tuvo que rectificar el traspaso de Hacienda y la Seguridad Social.

El mandato del Supremo se materializó en una escritura que data del 2 de julio de 2007. Ocho días después, las promotoras presentaban el proyecto de actuación del plan parcial de Cabueñes manteniendo al Ayuntamiento como dueño de las fincas, que figuran en la documentación con los números 34 y 36. Únicamente se anota entre paréntesis que estas parcelas «están pendientes del derecho de tanteo», aunque ya habían sido registradas a nombre de María Jesús Ardura.

Ésta es una de las irregularidades administrativas que la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes -así es como los vecinos han bautizado la hilera de pisos previstos en la parroquia- considera motivo de anulación del plan parcial. Las dos parcelas forman parte de la casería Xicu Piñera, nombre que recuerda a su propietario original. María Jesús Ardura llevaba 35 años trabajando esa tierra y su familia, casi un siglo.

Se trata de las fincas más grandes del ámbito de actuación del plan de Cabueñes, junto con la que Hoyant, S. L., compró a la familia Vereterra frente a El Cruce de Deva. Las de Xicu Piñera suman 53.361 metros cuadrados y la de Vereterra tiene 25.772 metros. Esta última, conocida como La Llosona, dio origen al escándalo urbanístico que ha apartado a Ovidio Blanco de la gestión arquitectónica del plan de Cabueñes y de su trabajo en Sogepsa.

Blanco, arquitecto jefe del Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 2003, compró a Hoyant una parte de La Llosona en 1992; se la revendió en 1998; y se la volvió a comprar en julio de 2004. En este último período de seis años, se revisó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), recalificando amplias extensiones de suelo rural en varias parroquias del concejo, entre ellas Cabueñes, donde se construirán 655 viviendas. La fiscalía investiga ahora si Ovidio Blanco influyó en ese cambio urbanístico.

El ex arquitecto jefe y Hoyant vendieron su terreno a Reyal Urbis en enero de 2006. Por su parte, María Jesús Ardura llegó a tratos con Aguas de Panticosa (empresa vinculada al grupo Nozar) y con Moro en octubre de 2007. La relación de propiedades, fundamental para acreditar que las empresas promotoras tienen el porcentaje de suelo reglamentario, es uno de los caballos de batalla de los vecinos. El documento técnico del plan parcial, que se aportó al expediente el 28 de junio de 2007, incluye dos listas y no coinciden entre sí.