Y eso, cuando el Ayuntamiento de Gijón y el Principado no destinan el abundante suelo público del que disponen en la zona Este de la ciudad para la construcción de viviendas sociales, sino que subasta el terreno al mejor postor y concentra la vivienda protegida en la zona Suroeste de la ciudad.

-¿Cómo puede sentirse un expropiado de Roces cuando sabe que el señor Ovidio Blanco le tasó el metro cuadrado expropiado en 43,32 euros, mientras su finca de Cabueñes la valoraba en casi seis veces más, obteniendo así unos beneficios superiores a los 600.000 euros?

Pero no olvidemos que el señor Blanco seguía instrucciones como arquitecto contratado por Sogepsa, de la cual son socios y ordenantes de la expropiación el Gobierno del Principado (representado por el señor Francisco González Buendía), el Ayuntamiento de Gijón (representado por la señora Paz Fernández Felgueroso), así como constructores privados que han sido los adjudicatarios de los mejores lotes de Roces Residencial.

Lo más preocupante de todo es que el caso del señor Blanco es sólo la punta del iceberg. Él es la parte más débil, el brazo ejecutor y no ordenante, cuando las responsabilidades de la tramitación del PGOU y las actuaciones derivadas del mismo deberían recaer en el poder político, que es, en último término, el que lo aprueba.

Varios ediles deberían, cuando menos, sonrojarse -si tuvieran vergüenza- por afirmaciones como la de que «los expropiados de Roces eran unos terratenientes insolidarios», que eran «unos especuladores» y que «querían hacer caja» con sus terrenos.

Señalar que la repercusión del suelo en el precio final de las viviendas que serán construidas en Roces Residencial supondrá menos del 6,5 por ciento del precio final de la vivienda; que los impuestos suponen más del 12 por ciento, es decir, el doble; que las ganancias de Sogepsa, tres veces más que la repercusión del suelo. Y, por si eso era poco, el año pasado el Principado, siguiendo las peticiones de los constructores, subió el precio de la vivienda protegida un 9 por ciento, a lo que hay que sumar la subida estatal, que hace que en poco más de un año la vivienda protegida subiese un 20 por ciento. Los datos hablan por sí solos.

¿Pretenden las autoridades lavarse las manos centrando todas sus críticas y toda la responsabilidad en el que fue su hombre de confianza?

¡Ay, si el señor Ovidio Blanco hablase y dijese todo lo que sabe!