La obra de El Musel ha sufrido un serio revés. La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea (CE) va a rechazar el incremento de 135 millones de euros para cubrir el sobrecoste de la ampliación del puerto gijonés. La CE estima que los problemas de aprovisionamiento de materiales de canteras no pueden considerarse un imprevisto, entre otros motivos, para el rechazo.
En estas circunstancias, una cierta zozobra envuelve la ambiciosa obra portuaria, que ha sido la insignia del Principado para pronosticar un nuevo horizonte en las dársenas gijonesas, que se verían adecuadas para mayor movimiento de graneles, para nuevos transportes de carga general y para instalaciones energéticas.
Por tanto, Gijón y Asturias se juegan mucho con que El Musel se vea librado de esta zozobra.
En primer lugar, si se confirma de manera oficial la negativa de la CE a cubrir parte del sobrecoste, tanto el Principado como Puertos del Estado, es decir, la Administración central, deberían aclarar de inmediato cuáles van a ser las partidas y la programación de los Presupuestos Generales del Estado que van a garantizar la culminación de la obra de El Musel.
Rematar la ampliación ha de ser el objetivo primordial, y para reforzar esta necesidad cabe añadir otra consideración: en este preciso momento de la crisis económica, es fundamental que Asturias no sólo combata el mal momento, sino que se prepare estructuralmente para la época posterior a la crisis, que podrá presentar grandes dificultades en territorios como Asturias.
Pero, además de este objetivo primordial, existen otros aspectos que no han de caer en el olvido. España está siendo un país vigilado con lupa por los administradores de la Unión Europea. Nos lo hemos ganado a pulso, gracias a desviaciones presupuestarias en obras públicas que son el pan de cada día. Asturias no es ajena a esta deficiente práctica, que incluso reclamaría una reforma de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Además, la desviación en el caso de El Musel ha sido de una cuantía desmesurada. La UTE de la obra y la Autoridad Portuaria pactaron un sobrecoste de 251 millones, con lo que la obra pasó a costar 830 millones de euros, es decir, un 43 por ciento más del presupuesto inicial de 579 millones de euros.
No se puede mirar para otro lado, sino al contrario. Pueden haberse dado errores en la tramitación de las ayudas con la CE; puede haber excesos de confianza al dejar rodar y crecer la desviación presupuestaria durante varios ejercicios; puede haber responsabilidades que comprobar. Las propias autoridades del Principado, Administración de la que depende el Puerto, han de ofrecer una versión clara de lo sucedido. Y también una comisión especial de la Junta General del Principado debería encargarse del asunto.
