Oviedo, Idoya RONZÓN
Una media de más de seis mujeres al día denuncian cada día en Asturias ser víctimas de malos tratos. Así se refleja en la estadística elaborada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante 2008 se presentaron en la región un total de 2.387 denuncias.
Esta cifra supone un considerable aumento con respecto al año anterior, concretamente del 24 por ciento. En 2007 se registraron en Asturias 1.926 denuncias, según las mismas fuentes.
El período en el que se presentaron más denuncias fue durante los meses de abril, mayo y junio de 2008. En ese tiempo se recibieron en el Principado 628 denuncias, más de doscientas cada mes.
Lo más habitual es que la denuncia llegue al Juzgado a través de atestados policiales. El año pasado lo hizo en más de 2.000 ocasiones. También a partir de un parte de lesiones que el centro de salud o el hospital traslada al Juzgado (254 el año pasado). Sólo en 112 asuntos fue la propia víctima la que acudió directamente al Juzgado de guardia a denunciar. En dos casos la voz de alarma llegó por parte de familiares.
La mayor parte de los condenados por violencia de género en Asturias lo son por los juzgados de instrucción y el específico de violencia sobre la mujer. En ellos el acusado sale ya con la sentencia debajo del brazo si reconoce los hechos, logrando así una rebaja de un tercio de la pena. Es lo que se llama un «juicio rápido». Si no admite las acusaciones es citado -en un plazo no superior a los quince días- en un Juzgado de lo penal. En la Audiencia Provincial se juzgan casos que van directamente a la Sección Tercera, especialista en violencia de género, por razón de la pena (a partir de cinco años deja de ser competencia de los juzgados) y en los casos en los que obligatoriamente debe intervenir la ley del jurado, como homicidios o asesinatos.
Un elevado número de agresiones se produce después de que la víctima «perdone» a su «verdugo» y le permita aproximarse a ella, a pesar de existir una orden de alejamiento. El fiscal delegado contra la violencia de género de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, ya manifestó anteriormente su rechazo a la obligatoriedad de imponer esta orden de alejamiento en los casos de condenas por violencia familiar, tal y como exige la ley. Y es que, a su juicio, hay ocasiones en las que esta medida no está plenamente justificada y vulnera el derecho de la víctima a, si quiere, mantener contacto con el agresor. La imposición de las órdenes de alejamiento en todas las condenas por maltrato es obligatoria desde la modificación del artículo 57 del Código Penal, por la que se eliminó el carácter facultativo de esta medida. Esta reforma conlleva numerosos problemas prácticos, tal y como se deduce de los datos. Para Bernal, fiscal delegado contra la violencia de género de Asturias desde junio de 2005, lo verdaderamente necesario sería que el juez pudiera disponer de esta posibilidad, en función de la necesidad razonable.
Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, 330 víctimas renunciaron el año pasado en Asturias a seguir adelante con el proceso.
