Madrid / Oviedo
El Gobierno está poniendo toda la carne en el asador para evitar que queden en libertad los catorce piratas somalíes capturados la pasada semana -siete el miércoles y otros tantos el jueves- por el petrolero de la Armada «Marqués de la Ensenada». Técnicamente, los piratas estaban ayer en libertad -aunque permanecían a bordo del buque- ya que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la liberación del segundo grupo y el final del arresto de todo el conjunto. Andreu ya decretó el viernes la liberación del primer grupo de siete.
Fuentes del Ejecutivo citadas por la agencia «Efe» informaron el sábado por la noche de que el Gobierno ha instado a actuar a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado contra el auto judicial de libertad. Horas antes, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, había explicado que su departamento negocia intensamente con Kenia para que se haga cargo de los piratas y los juzgue, en aplicación de un convenio sobre piratería firmado el pasado 6 de marzo entre el país africano y la UE.
Según las fuentes, cuyas informaciones fueron confirmadas ayer por la mañana por la ministra de Defensa, Carme Chacón, hay una acción concertada de los ministerios de Defensa, Exteriores y Justicia para impedir la puesta en libertad de los delincuentes. La insistencia en la acción concertada es respuesta a las denuncias de que, como ya ocurrió en el caso de la retirada de las tropas de Kosovo, ha vuelto a haber una manifiesta falta de coordinación entre Defensa y Exteriores.
De hecho, mientras Moratinos negociaba con Kenia, Defensa aseguraba estar a la espera de una orden judicial para saber qué es lo que finalmente tiene que hacer con los apresados. Preguntada por una eventual disparidad de opiniones entre su departamento y el de Moratinos, Chacón la negó ayer terminantemente.
La acción del Ejecutivo ha consistido en solicitar la Fiscalía General del Estado la interposición de un recurso contra el auto de libertad dictado por el juez Andreu y dar instrucciones a la Abogacía del Estado para personarse en la causa mediante la presentación de un recurso que, en principio, había de efectuarse anoche.
En estas circunstancias, el PP pedirá hoy, lunes, la comparecencia en el Congreso de Chacón, ante la «alarma» generada por el caso y la «incompetencia», descoordinación e impericia del Gobierno en la aplicación de los protocolos judiciales para este tipo situaciones. La portavoz de Defensa del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, emplazó a Chacón a dar explicaciones, dada la «gravedad» de un caso que comparó con el del anuncio de la retirada de las tropas españolas de Kosovo, por el «desprestigio» que supone para la misión española que participa en la operación Atalanta de la UE.
«La misión queda en muy mala situación. El pirata actuará de distinta manera ante la bandera española que ante otra. Es una situación muy grave», afirmó Rodríguez-Salmones.
La diputada popular reveló que en un viaje a Kenia para visitar a las tropas españolas que Chacón y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, hicieron con los portavoces parlamentarios de Defensa el pasado abril, la Ministra no habló en ningún momento de que se daría aviso a la Audiencia Nacional en caso de que se detuviera a piratas.
Por su parte, el portavoz del Grupo parlamentario Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, defendió que, «lógicamente», los piratas detenidos no pueden quedar en libertad, porque hay indicios «más que suficientes», dijo, de que han cometido un delito de piratería muy grave. «Puede enjuiciarlos un país, puede enjuiciarlos otro, pero no es posible que queden en libertad», recalcó Alonso.
