Oviedo, J. A. ARDURA
La junta de accionistas de Sogepsa aprobó ayer facilitar la documentación solicitada por la Sindicatura de Cuentas. Esta decisión hará posible que la Sindicatura fiscalice las cuentas de esta sociedad mixta, que está participada por el Principado, los ayuntamientos y empresas del sector de la construcción y está presidida por Francisco González Buendía, consejero de Infraestructuras, y, de paso, evitará que el asunto se debata en el Parlamento asturiano y deje patente la división entre el PSOE y el Gobierno sobre la auditoría a la sociedad.
La fiscalización de Sogepsa desató una polémica semanas atrás, después de que la sociedad mantuviera que no debía ser fiscalizada, ya que el Principado no tenía más del cincuenta por ciento de su accionariado ni una posición dominante en su consejo de administración. Esta posición también fue corroborada por el consejero de Economía, Jaime Rabanal, en una alegación remitida a la Sindicatura, el órgano fiscalizador del sector público autonómico en Asturias. Sin embargo, la Sindicatura de Cuentas sostenía que Sogepsa debe ser fiscalizada, porque se trata de una sociedad de mayoría pública: el 45,12 por ciento del capital social depende del Principado, y el 12,65 por ciento, de 32 ayuntamientos asturianos.
En ese tira y afloja entre el Gobierno regional y la Sindicatura terció el Grupo parlamentario Socialista, que se pronunció a favor de la fiscalización de Sogepsa, contradiciendo las posiciones mantenidas por varios consejeros del Ejecutivo asturiano. El portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Lastra, basándose en los informes realizados por los servicios jurídicos de la Junta General del Principado, sostuvo que Sogepsa «es una sociedad cuentadante», es decir, sus cuentas forman parte de la Cuenta General del Principado y, por lo tanto, es fiscalizable por Sindicatura.
La junta de accionistas de Sogepsa sirvió para escenificar que la sociedad no quiere ser motivo de conflicto entre el Gobierno y su principal sostén en el Parlamento asturiano, el Grupo Socialista. Francisco González Buendía, en su condición de presidente de la entidad, propuso facilitar a la Sindicatura la información requerida para su fiscalización, «debido al daño que el debate público está causando a la imagen de la empresa». Y es que Sogepsa mantiene su posición de que no pertenece al sector público por ser «una sociedad mercantil sujeta a derecho privado que mantiene una autonomía total desde el punto de vista financiero, tanto de la Administración autonómica como de las locales». La entidad sostiene, en cambio, que «sí debe rendir cuentas de las subvenciones públicas que recibe, como cualquier otras empresa» ante la Intervención General del Principado, obligación que ya venía cumpliendo.
Buendía se quejó al término de la junta de accionistas mediante un comunicado «del daño que se está produciendo a Sogepsa con falsas acusaciones de falta de transparencia». El también consejero de Infraestructuras sostiene que «nadie puede darnos lecciones de transparencia. A pesar de que las diferencias son de carácter jurídico y en esos términos mantenemos la misma postura, hemos decidido ser ejemplo de transparencia».
La junta de accionistas de Sogepsa también aprobó ayer las cuentas correspondientes a 2008, que cerró con unos beneficios antes de impuestos de 3,9 millones de euros. Durante el pasado año desarrolló diez actuaciones de suelo residencial, en las que urbanizó dos millones de metros cuadrados para 10.000 viviendas, de las que 6.700 serán protegidas.
También intervino directamente en ocho promociones de suelo industrial, que suman casi 3,5 millones de metros cuadrados de superficie bruta, casi 1,9 millones de parcela neta, entre las que destacan el inicio de las obras de urbanización del área industrial de Lloreda, en Gijón, y la finalización de la urbanización del área industrial de Piñeres, en el municipio de Llanes. La sociedad mixta de suelo tiene previsto también iniciar las obras de urbanización del polígono industrial de Bobes (Siero) antes de fin de año.
12:14
