M. SUÁREZ
El ex arquitecto jefe del Ayuntamiento, Ovidio Blanco, «era conocedor, de manera prácticamente exclusiva, del urbanismo gijonés y, en concreto, de las más que probables recalificaciones de terreno de diversas zonas del concejo». En base a esa consideración, la fiscalía de Medio Ambiente entiende que hay indicios de delito en las operaciones de compraventa de terreno realizadas en Cabueñes por el que fuera jefe de los servicios técnicos municipales. Conclusión a la que llega después de estar dos meses y 21 días estudiando el caso.
Según la resolución del fiscal instructor, Joaquín de la Riva, la secuencia objetiva de los hechos apunta hacia «la posible comisión de delitos de cohecho y/o uso de información privilegiada y/o tráfico de influencias», los tres tipificados en el Título XIX del Código Penal. Para su «necesaria investigación», la fiscalía ha decretado que se interponga una denuncia formal contra Ovidio Blanco en el Juzgado de instrucción que corresponda.
Este decreto, firmado por De la Riva y por el fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, se hizo público ayer, removiendo la vida política municipal en plena resaca de las elecciones europeas. El documento se remonta al 13 de marzo de 1992, fecha en la que Ovidio Blanco y su esposa adquieren a la empresa Hoyant S. L. una finca de 2.491 metros cuadrados en Cabueñes, que les costó 7.513 euros. En esa operación tiene sus raíces una polémica que ha provocado hasta insultos entre el gobierno local y el Partido Popular.
El terreno en cuestión forma parte de una parcela de 25.772 metros cuadrados conocida como La Llosona, que los dos socios de Hoyant (Horacio Costales y Antonio Cueto) habían comprado a la familia Vereterra también ese mismo mes de marzo. El 28 de octubre de 1998 Blanco volvía a hacer tratos con Hoyant, esta vez para revenderle -por 8.414 euros- su finca de Cabueñes «sin una aparente justificación», matiza la fiscalía.
Por entonces, Ovidio Blanco era jefe del Servicio Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón. Cargo que aún ocupaba cuando, entre noviembre de 2002 y diciembre de 2003, se llevó a cabo la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se sometió esa actualización a su primer trámite de información pública. Por entonces, ya era conocido que algunas zonas rústicas iban a ser recalificadas como urbanizables. Entre ellas, la zona de Cabueñes donde está la Llosona.
Blanco compraba de nuevo a Hoyant el terreno segregado de dicha parcela el 29 de julio de 2004, en esta ocasión por 20.434 euros. Un año y cinco meses después, la promotora Reyal Urbis les adquiría ese suelo por 617.420 euros. Hoyant hizo lo propio, recibiendo en su caso 5,7 millones de euros. Aunque Ovidio Blanco había cogido la excedencia el 1 de enero de 2004, tras casi veinticinco años de servicio municipal, «el conocimiento de valiosa información, la compra de un terreno no urbanizable en un principio, su inclusión posterior en el sector UZN C.1 Universidad-Cabueñes y su posterior venta con la obtención de una enorme plusvalía obliga a investigar los delitos enunciados, por si hubiese facilitado información urbanística a cambio de recibir una contraprestación o hubiese influido de alguna manera en quien tenía encomendada la adaptación del PGOU (el estudio madrileño de Luis Felipe Teixidor)», determina De la Riva.
El sector UZN C.1, denominación técnica del llamado plan parcial de Cabueñes, generará 655 viviendas. Reyal Urbis es una de las tres promotoras que desarrollarán el proyecto, muy contestado por los vecinos de la zona. Fueron precisamente los vecinos, constituidos en la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, quienes dieron la voz de alarma sobre las presuntas irregularidades de la actuación de Ovidio Blanco. El colectivo vecinal aportó buena parte de la documentación que ha manejado De la Riva. También le enviaron papeles el Ayuntamiento -fue el que tomó la iniciativa de recurrir a la fiscalía- y del PP.
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