Oviedo, Juan A. ARDURA
El Parlamento asturiano vivió ayer su peculiar versión del «Tengo una pregunta para usted», formato televisivo que en los últimos meses se popularizó con la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o del líder de la oposición, Mariano Rajoy. Más de medio centenar de altos cargos de empresas y fundaciones públicas comparecieron ayer ante la Comisión de Economía a petición del Grupo Popular, que quería conocer su sueldo y el volumen de la empresa en la que ejercen sus labores ejecutivas tanto de presupuesto de plantilla. El pretexto era el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas sobre los altos cargos vinculados al sector público asturiano, aún pendiente de aprobación en el Parlamento asturiano, y que concluye que la mayoría de los contratos de alta dirección del Principado no cumple los requisitos vigentes.
El elevado número de directivos o altos cargos que debían responder a las preguntas de los diputados obligó a realizar varias comparecencias, que se prolongaron por espacio de cinco horas. En la primera tanda, la mayoría de altos cargos se mostró remisa a dar el dato de su sueldo. El director gerente del IDEPA, Víctor González Marroquín, fue de los más vehementes en su negativa a dar datos de su salario, que supera los cien mil euros anuales. «Al sueldo actual resten el dos por ciento», se limitó a declarar. El responsable de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), Faustino Álvarez, fue el primero en romper la «omertà» o ley del silencio que llegó a insinuar el PP. «Está claro que han recibido alguna consigna previa para negarse a dar este dato al Parlamento», llegó a plantear el diputado Ramón García Cañal.
Otros altos cargos, sin embargo, no plantearon reparos. La respuesta de Nicolás Álvarez, presidente del Consejo Económico y Social (CES), resultó de lo más espontánea: «Creo que mi nómina es de 6.384 euros brutos, que son unos 3.788 líquidos; pero eso mejor lo hablan con mi mujer», comentó para aligerar una sesión por momentos tensa, aunque sin llegar a las cotas de comparecencias anteriores, como el rifirrafe de abril entre el gerente de Sedes, Santiago Caicoya, con el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, cuando el directivo presumía de ser el particular «Doctor No» del Grupo Popular y comparar a la Sindicatura de Cuentas con «Harry el Sucio». Caicoya ayer no se tomó esas licencias y se limitó a no decir su sueldo porque «no quiero facilitar mis datos personales en este foro público». En cambio, Marta Pulgar, gerente de Vipasa, facilitó, el salario de ese cargo en 2006 hasta con decimales, casi como José Ramón Pérez Ornia, alto cargo del ente público RTPA, que a juicio del PP, fue «exquisito» al dar los datos de su sueldo, 115.000 euros brutos, y de los altos cargos bajo su mando. El PP exigió todos esos datos, según Cañal, para poner de manifiesto «el caos y la falta de criterio en los sueldos de altos cargos». El coordinador de IU, Jesús Iglesias, juzgó excesiva la macrocomparecencia solicitada por el PP y el portavoz del PSOE, Álvaro Álvarez, acusó al PP de urdir «una estrategia de confusión permanente» y dijo confiar en que «dentro de este ejercicio de transparencia» se conozca el sueldo de Cañal «por ser diputado y por otras cosas», en alusión a su cargo de consejero en Cajastur.
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