Oviedo, L. Á. VEGA
Por segunda vez en pocas semanas, el Grupo Socialista en la Junta ha enmendado la plana al Ejecutivo regional, de su mismo color político. Primero fue la intervención de Fernando Lastra, portavoz del PSOE en el Parlamento regional, para abrir paso a la fiscalización de Sogepsa por parte de la Sindicatura, algo que el Gobierno regional rechazaba. Y el pasado miércoles, la segunda diferencia de criterio surgió por cuenta del informe de la Sindicatura sobre los contratos de alta dirección en el sector público regional. La intervención de la dirección del Grupo Socialista anuló el consejo que habían recibido del Gobierno y por escrito los altos cargos para que evitasen confesar sus sueldos, como pretendía el PP.
La Consejería de Presidencia había remitido un correo electrónico al medio centenar de directivos convocados a petición del PP a la Comisión de Economía de la Junta para analizar ese informe de la Sindicatura. En esta comunicación, en previsión de que los populares les pidieran que desvelasen la cuantía de sus sueldos, Presidencia aportaba una serie de consejos para eludir confesar sus nóminas. Podían, se les sugería, indicar que la información ya constaba en el informe de la Sindicatura, que los datos correspondían al año 2006 y que en ese momento sería difícil ofrecer sobre la marcha los números o que el Grupo parlamentario Popular ya disponía de la información en respuestas por escrito a diferentes iniciativas parlamentarias.
Al principio de la sesión, los comparecientes siguieron la recomendación que les había llegado a su correo. Sin embargo, un encuentro entre Jesús Iglesias, portavoz de IU y el jefe de filas de los socialistas, Fernando Lastra, acabó con aquella resistencia a «desnudar» sus nóminas. El portavoz de IU manifestó su rotundo rechazo a ocultar la cuantía de los sueldos y se mostró partidario de ejercer una transparencia total. De hecho, los directivos vinculados a la coalición detallaron su sueldo ante la comisión. En el caso de Marta Pulgar, gerente de Vipasa, incluso con decimales.
En adelante, la cosa cambió. Pero atrás quedaban altos cargos como Víctor González Marroquín, director general del IDEPA, que una vez más se resistió a responder al PP sobre su salario. «Al sueldo actual resten el dos por ciento», declaró. Marroquín, esposo de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Paloma Sainz, se ha convertido en uno de los grandes objetivos del PP, que obsesivamente indaga sobre sus emolumentos dentro de una estrategia más amplia en la que han puesto el punto de mira sobre todas las empresas del sector público del Principado. Los populares las han bautizado como «chiringuitos socialistas».
El portavoz socialista, Fernando Lastra, puso ayer el acento en «la agresividad, la grosería y la mala educación» que a su modo de ver está exhibiendo el PP en las comparecencias y que harían comprensibles (aunque no justificarían) las negativas de los altos cargos. Pero también reconoció que «no fue muy acertado el consejo de no contestar».
Pero, ¿tienen estos altos cargos la obligación de decir en la Junta General del Principado lo que cobran? La cuestión de contestar o no a las preguntas de un parlamentario no es baladí. Hay expertos, como el constitucionalista Ramón Punset, que opinan que, al no tratarse de una comisión de investigación, los altos cargos no tienen obligación de comparecer, ni de contestar. Otra cosa es la obligación del Gobierno de dar información sobre sueldos, y del Parlamento a discutir esos contratos, como cualquier inversión. «Lo lógico es preguntar al Gobierno, no a esos señores. No se puede convertir el Parlamento en un circo, no es el procedimiento».
El también constitucionalista Benito Aláez indicó que los altos cargos tienen la obligación de comparecer cuando sean llamados a cualquier tipo de comisión, sea ésta de investigación o permanente, en virtud del artículo 67 del reglamento de la Junta. También tienen que contestar a las preguntas que se les hagan, y además contestar la verdad. Lo dice el artículo 502 del Código Penal. Según las indicaciones de este experto jurista si no contestan, los altos cargos pueden ser suspendidos de empleo o cargo público de seis meses a dos años. Si mienten, hablaríamos de seis meses a un año de cárcel, o multa por el mismo período.
