Oviedo, M. MARTÍNEZ /
R. L. MURIAS / P. G.
«Fuimos sensibles hacia nuestros trabajadores con un gesto de buena voluntad sabiendo que suponía un esfuerzo económico y que teníamos una cierta debilidad jurídica en el planteamiento, pero que se hacía desde un pacto con los sindicatos (UGT y CC OO). Actuamos de buena fe». El Gobierno del Principado, a través de Ana Rosa Migoya, reconoció ayer la debilidad jurídica sobre la que se asentaba la resolución del Ejecutivo que ha permitido desde enero de 2007 el cobro de la carrera profesional a miles de funcionarios de la administración y la enseñanza. El Gobierno de Vicente Álvarez Areces asumía así el varapalo judicial que ha supuesto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del martes y adelantada por LA NUEVA ESPAÑA a finales del mes de mayo, anulando la norma de la carrera profesional al carecer de una ley que la sustente.
El Gobierno anunció que acata la sentencia, que no recurrirá y que dejará de pagar a partir de julio este complemento a 14.000 funcionarios, de los 19.000 que suman administraciones públicas y la enseñanza, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de 52,5 millones de euros (21 millones al año) desde el 1 de enero de 2007. Además, el Gobierno aseguró que paraliza la carrera profesional hasta que el Ministerio de Educación y Ciencia no tenga listo el Estatuto Básico del Personal Docente, cuyo desarrollo hará coincidir con la también necesaria ley de Función Pública del Principado. «No vamos a hacer nada que no tenga la cobertura legal y jurídica suficientemente avalada», subrayaba Ana Rosa Migoya.
Migoya, en calidad de consejera de Administraciones Públicas y no como portavoz del Gobierno, cargos que concentra, reconoció ayer la falta de base jurídica de un resolución aprobada en mayo de 2007, días antes de las elecciones autonómicas en las que Vicente Álvarez Areces fue reelegido. Asumiendo la falta de base jurídica, Migoya explicó que «por eso establecimos el pago a cuenta y por eso nunca lo denominamos carrera, denominándolo desarrollo profesional». Migoya se escudó en tomar la decisión de adelantar el pago de la carrera profesional sin base legal «basándonos en la voluntad del Gobierno de sacar adelante la petición de los trabajadores y en la buena fe de las partes». Migoya se refería al acuerdo al que el Gobierno llegó con UGT y CC OO en diciembre en 2006 sobre el que se basó el desarrollo de la carrera profesional.
Pero el recurso de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) contra la decisión de Gobierno y sindicatos ha puesto de manifiesto la ausencia de base jurídica. «El Gobierno reconoce hoy (por ayer) que no se puede actuar simplemente contando con la buena fe y por la tanto, a partir de ahora, por el libro», afirmaba Migoya, que tranquilizó a los funcionarios asegurando que no tendrán que reembolsar el dinero cobrado hasta ahora, que va de más de 6.000 euros a 1.680 euros. «Acatamos la sentencia y no la vamos a recurrir en el Tribunal Supremo. Si se produjese un revés en el Supremo podríamos arriesgarnos a tener que devolver todo el dinero», dijo para reconocer cierta benevolencia del TSJA. «La sentencia no establece la nulidad de pleno derecho. Esto implicaría la devolución del dinero desde el primer día. Establece la nulabilidad, la anulación desde el momento en que se dicta sentencia. Es un matiz que nos imaginamos que la sala tuvo en cuenta».
Migoya no dio plazos sobre cuándo los funcionarios podrán volver a cobrar este complemento o si hacerlo, como plantean algunos sindicatos. «Es muy prematuro adelantar nada. Ahora nos parece más adecuado trabajar en buscar el marco legal que el de cobertura», aclaró Migoya. La Consejera eludió valorar la petición de dimisión realizada por varios sindicatos, pero apuntó: «Esta sentencia no va únicamente contra el Gobierno. Los principales perjudicados de los recursos son los trabajadores públicos. El Gobierno no está solo en esta decisión. Se tomó de común acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO)».
Precisamente estos sindicatos, a través de sus secretarios generales, Justo Rodríguez Braga (UGT) y Antonio Pino (CC OO), calificaron a las organizaciones demandantes de «irresponsables» e «impresentables» y de perseguir «únicamente» ir contra el Ejecutivo del Principado, de UGT y de CC OO, «sin pensar que en realidad perjudican a 14.000 trabajadores que los tenían que correr a gorrazos a todos».
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«Fuimos sensibles hacia los trabajadores sabiendo que había cierta debilidad jurídica en el planteamiento»
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«El Gobierno reconoce que no se puede actuar sólo con la buena fe, a partir de ahora irá todo por el libro»
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