Oviedo, L. Á. VEGA
El varapalo judicial a la carrera profesional del Principado fue matizado ayer por diversos expertos en Derecho Administrativo, quienes restaron virtualidad a la sentencia adoptada por el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Según los expertos, la salida al atolladero no es difícil, aunque exige que el Principado sea «diligente». El Gobierno, añaden, puede normalizar los problemas con una ley que consagre la actual situación o puede incluso recuperar los pagos que se han venido realizando a los funcionarios.
Lo que no puede hacer es quedarse de brazos cruzados. Si no se aprueba una ley que respalde las mejoras salariales ni se reintegran a las arcas regionales los pagos ilegales el Tribunal de Cuentas podría iniciar un procedimiento de responsabilidad por alcance, similar al que en su día sentó en el banquillo a dos alcaldes de Siero, José Aurelio Álvarez y el actual, Juan José Corrales, por las subidas ilegales a los funcionarios municipales, aunque ambos fueron absueltos.
Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, se mostró partidario de que el Principado recurra la sentencia ante el Supremo (una posibilidad que por otro lado el Gobierno ya ha rechazado), lo que daría tiempo a la aprobación de una ley que normalizase la situación. «El problema de la carrera profesional no es de fondo, sino de forma. La gente no debe alarmarse, no tendrá que devolver el dinero», indicó. En cualquier caso, «ha podido incurrirse en responsabilidad contable y puede actuar el Tribunal de Cuentas».
Esta actuación, indicó otro profesor de la Universidad de Oviedo, podría ir dirigida contra el cargo que aprobó las mejoras. Todo depende de si se exige el reintegro de las cantidades en ejecución de sentencia. Este mismo experto añadió que hay, no obstante, una gran diferencia entre el caso de los alcaldes de Siero y el del Principado, «que tiene la potestad de establecer una nueva legislación y sanear la ilegalidad del asunto».
Javier Junceda, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Barcelona, indicó que no ha de haber dificultades «para que el Principado dé la cobertura legal que corresponde». Pero «en caso de que no hubiese cobertura legal, el escenario posible o casi obligado sería la intervención del Tribunal de Cuentas». Lo que le ha extrañado a Junceda es que la decisión la haya tomado el pleno de la sala. «Es heterodoxo y excepcional, aunque no deja de ser algo bueno, ya que coadyuva a dar mayor fundamento a la sentencia», señaló.
«Ha podido incurrirse en responsabilidad contable y puede actuar el Tribunal de Cuentas»
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Catedrático Dcho. Administrativo
«Es heterodoxo y excepcional que se haya reunido el pleno de la sala»
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Profesor Dcho. Administrativo
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