MARCO GARCÍA FERNÁNDEZ
Líder del sindicato CSI, que denunció la carrera profesional
Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
-El TSJA les ha dado la razón.
-Es lo que esperábamos desde hace dos años. Era una sentencia anunciada. Cualquier jurista mediocre, y el Principado los tiene de muy buen nivel, sabía que iba a anularse la resolución del 18 de mayo de 2007. Aunque la sentencia no entra al fondo de lo que nosotros denunciábamos: la existencia de una carrera profesional arbitraria e injusta.
-¿Qué esperaban?
-La aplicación universal a todos los empleados públicos del complemento de productividad, porque la Administración, dado que no tenía cobertura legal, aplicó el complemento de productividad para el pago de la carrera profesional en función de la promesa electoral de Areces. No había ninguna causa para excluir de ese complemento a ningún empleado público. Pretendíamos que se pagara a todos por igual.
-¿Cree que el Ejecutivo esperaba este varapalo judicial?
-Sí. El Gobierno tenía muy claro lo que iba a pasar. Es la crónica de una sentencia anunciada. Sabían que se lo iban a tumbar. Y prueba de ello es que lo pagaban como productividad. El Gobierno ha perdido dos años. No quisieron negociar a pesar de las peticiones hechas por este sindicato.
-¿Qué soluciones hay?
-Modificar la 3/85, la ley de Administración Pública asturiana. No hay nada que lo impida porque tienen mayoría parlamentaria. O pueden sacar una nueva resolución. Pero no quisieron hacer nada.
-Entonces la norma anulada por el TSJA fue...
-Una promesa electoral que se vieron obligados a cumplir. Pero como no tienen dinero, dieron largas sabiendo que se iba a recurrir. Ahora llegan las consecuencias de esto. Nunca manifestaron ninguna voluntad de arreglar el problema.
¿En el fondo al Gobierno le viene bien la sentencia?
-Dentro de la responsabilidad de la Consejería y la Consejera, probablemente sí. Intentarán buscar excusas cuando no hay nada legal que les impida pagar el complemento de productividad, que es lo que ya estaban pagando.
-¿Cómo se explica pagar 52,5 millones de euros de dinero público sin base legal?
-Esto tiene un nombre: despilfarro. Si lo que pretenden es remunerar a los empleados públicos, que se haga a todos por igual, porque alrededor de 5.000 empleados públicos no están adscritos a la carrera profesional. Unos porque no quisieron y otros que no podían.
-¿Se llegará a un acuerdo?
-Somos conscientes de que habrá un apaño y de que van a regalárselo a CC OO y UGT. El Gobierno va a permitir que estos dos sindicatos clientelistas aparezcan como salvadores del pago cuando puede mantenerse perfectamente abonándolo como productividad. CC OO y UGT también son responsables de esto.
-El Gobierno y los sindicatos les culpan de la situación.
-Nos tachan de irresponsables y de impresentables. Lo irresponsable e impresentable es hacer una carrera profesional en la que hay trabajadores que cobran hasta cuatro veces más que otros, con unas cantidades que nunca se consolidaban. Y además sometidos a una evaluación permanente por personal nombrado a dedo por un político. Una evaluación vertical como la que hemos sufrido este año.
-¿Qué pasará con la carrera profesional?
-Va a quedar congelada hasta la aprobación de la ley de la Función Pública. Quieren imponer un modelo de carrera partidaria para que el sueldo del empleado público dependa exclusivamente de la evaluación del jefe.
-¿De un jefe con carné?
-No sé si lo tiene o no, pero sí que es nombrado a dedo por un político.
-En el fondo está hablando de clientelismo.
-La Administración es de un clientelismo aberrante. Una reciente sentencia señala el abuso indiscriminado de la Administración asturiana de los nombramientos de altos cargos a dedo.
-Migoya dice que el Gobierno actuó de buena fe.
-No existe la buena fe. Y menos la de Migoya. Sabía lo que iba a pasar y no hizo nada. Por eso pedimos su dimisión.
-¿Quieren cobrar sin ser evaluados?
-Defendemos la evaluación cruzada. Que los trabajadores sean evaluados por el jefe, el jefe por los trabajadores y que los ciudadanos nos evalúen a todos, que para eso pagan. Defendemos un servicio público de calidad y no un servicio particular del partido gobernante, sea el que sea.
Marco García Fernández
Oviedo, 18 de noviembre de 1963. Lleva en el movimiento sindical desde hace más de veinte años. Es afiliado de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) desde hace doce años. Es responsable de administración autonómica de este sindicato, que presentó el recurso contra la carrera profesional, en sintonía con otras organizaciones como SUATEA, CSIF y CC OO-Enseñanza.
