Oviedo, Marcos PALICIO
La sensación de estar pagando errores ajenos con sueldos propios daba que hablar ayer en los pasillos de los centros de trabajo de la Administración regional. La anulación de la carrera profesional del Principado no sorprende a los funcionarios afectados, que mezclan el desagrado por la merma en sus salarios con la indignación hacia la Consejería de Administraciones Públicas y en algún caso también con cierto resquemor por la «doble moral» de los sindicatos que promovieron el recurso contra la medida.
Sergio Peña, auxiliar educador en el centro de atención a menores de Sograndio, echará en falta los 72 euros al mes que su nómina consignaba como «complemento de productividad a cuenta de la carrera profesional». Él se pregunta por qué no va a seguir cobrándolos «si la productividad existe como concepto para el pago y lo único que se anula» es la parte que hace referencia a la carrera profesional. La sentencia, lógica desde su punto de vista a la luz de las deficiencias que contenía la medida, deja en el aire otras cuestiones, como la atribución a los trabajadores de las equivocaciones del patrón: «¿Por qué voy a pagar yo los errores de la Consejería?», se pregunta.
Entre los fallos, Peña detecta algunos significativos en la exigencia de cinco años de antigüedad en una misma categoría para acceder a los complementos salariales o la exclusión de los interinos. Peña cumplió con el trámite previo de adherirse a la carrera como tantos otros que firmaron de buena fe, pero «a ciegas», aquel «papel en blanco» que ahora impugna el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Un profesor de Secundaria del Instituto Fleming de Oviedo, que prefiere resguardar su identidad, dejará de ganar unos doscientos euros mensuales y pone en duda si, llegado el caso, «serían los trabajadores o la Administración los que tendrían que devolver el dinero». Comparte con una compañera, eso sí, la impresión de «doble juego» de los sindicatos que llevaron al Juzgado la regulación de la carrera. «A veces son ellos los primeros que fallan», afirma ella. «Había que reclamar si la cuestión no estaba correctamente regulada», concede él, «pero los sindicatos fueron ambiguos al recomendar que no se firmara mientras sus propios afiliados se estaban adhiriendo a la carrera».
«Yo prefiero dejar de ganar dinero a que se amañen las cosas de esa manera», interviene Fernando Berdial, funcionario de la Dirección General de Informática. Llama «chapuza» a una regulación que ha desembocado por necesidad en una sentencia que, a su juicio, «se veía venir». Por el mismo camino, una trabajadora de la Consejería de Administraciones Públicas, la competente en la ordenación laboral del funcionariado, afirma que «no me parece bien que me rebajen el sueldo, pero tampoco estaba de acuerdo con el modo en el que se articuló la carrera, con mucha arbitrariedad en cuanto a los criterios de evaluación del personal».
Más motivos tiene Ana Lorenzo, funcionaria en Infraestructuras, para rechazar una carrera que no la admite por interina. Aparte de esa situación discriminatoria, comparte las valoraciones que definen la regulación como «un cheque en blanco» levantado sobre «una ley sin desarrollar». Una compañera recuerda que «el estatuto dice que debe haber una carrera» y desea que la próxima «se haga bien», y no falta quien se pregunta «qué sucederá con los complementos de productividad de altos funcionarios que se establecieron para compensarles cuando se puso en marcha la carrera profesional; aquellos pagos no estaban vinculados a ésta».
