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Los sindicatos sostienen que el Principado dispone de margen «dentro de la legalidad» para evitar que los funcionarios vean mermadas sus nóminas a partir del próximo mes de julio y criticaron el rechazo de la administración regional a arbitrar medidas de inmediato. Es la posición coincidente de centrales enfrentadas, como es el caso de UGT, por un lado, que censuró el recurso contra la carrera, y CSIF y SUATEA, por otro, que respaldaron la citada reclamación judicial. «Es cuestión de voluntad política», sostienen Gerardo Domenech (CSIF) y Beatriz Quirós (SUATEA). No obstante, también admiten que sustituir la carrera profesional por otro plus «obligaría a pagar esas cantidades a todos los funcionarios». En ese caso, la factura anual superaría los 21 millones anuales que costó la carrera.
