Oviedo, Marcos PALICIO
Funcionarios «no firmantes y no cobrantes» de los complementos salariales asociados a la carrera profesional iniciaron ayer movilizaciones para exigir la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación, ámbito que consideran adecuado «para resolver todos los asuntos salariales pendientes» tras la sentencia que anula el desarrollo de la carrera efectuado por el Principado.
Además de la dimisión del presidente del Gobierno regional, piden «la homologación de las retribuciones de los docentes» asturianos, discriminados, a su juicio, en comparación con los de otras comunidades, y cuantifican la demanda, según José Ángel Piquero, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, solicitando «una subida lineal de 300 euros para todos los trabajadores».
En una asamblea a la que asistieron más de dos centenares de profesores no firmantes de la carrera no faltaron las voces, muy aplaudidas, que abrieron brecha con la otra parte del colectivo exigiendo la devolución de los pagos efectuados por el Principado a los funcionarios que sí suscribieron el documento de adhesión. Esos complementos, justificó una de las docentes que tomó la palabra, se han pagado «con dinero público, que también es mío».
De los 12.000 empleados públicos de la enseñanza en Asturias, 5.000 se negaron a adherirse a la carrera profesional y «llevan perdidos unos 6.000 euros en dos años», precisa José Antonio Alonso, del sindicato SUATEA. Para él, «existe una solución, una mejora retributiva que no esté ligada a ningún tipo de carrera docente». Para ello, le acompañó Primitivo Abella (CC OO), «la sentencia crea unas condiciones adecuadas, pero hace falta una voluntad política y eso exige que presionemos».
Eso hicieron. La asamblea culminó con una concentración improvisada para pedir responsabilidades ante la sede de Presidencia del Principado. Allí, los docentes exigieron la dimisión de «los responsables de este desaguisado, desde la consejera Ana Rosa Migoya y su equipo hasta el avalista en última instancia de estas actuaciones, que ha sido el presidente del Gobierno asturiano», concretaron en un comunicado. Ahí se dirige también la mirada crítica hacia «las cúpulas sindicales de UGT y CC OO, que junto a la Administración nos han colocado en esta situación».
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