M. CALVIA / M. C. / M. S.
La situación en la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deja al Ayuntamiento de Gijón «no la esperábamos ni es la deseable». Y el concejal de Urbanismo no tuvo ayer reparos en admitirlo. Aunque Pedro Sanjurjo se mostró «absolutamente» convencido de que «nuestra tramitación del PGOU se ajustó a derecho». La única vía que les queda para demostrarlo es la del recurso de casación, en el que ya trabajan los servicios jurídicos municipales.
El Ayuntamiento deberá presentar su recurso ante el Tribunal Supremo, cuyo dictamen será definitivo. «Discrepamos totalmente de los argumentos que esgrime el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sobre todo en el tema del medio ambiente. Vamos a estudiar a fondo la sentencia y vamos a recurrirla», anunciaba la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, en un acto celebrado en el Club de Regatas con motivo de la festividad del Carmen. Casi al mismo tiempo, su concejal de Urbanismo comparecía en la sala de prensa de la Casa Consistorial para informar sobre el asunto.
Lo hacía después de una reunión con IU -socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento gijonés- para analizar de urgencia el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Fallo que les fue notificado el miércoles y que «todavía no es firme», según precisaron tanto Sanjurjo como la Alcaldesa. «Hasta que no haya una sentencia en firme del Tribunal Supremo el planeamiento urbanístico tiene plena vigencia», sostuvieron ambos.
Es decir, «no habrá cambios en las previsiones del PGOU», insistió, por su parte, Pedro Sanjurjo. Esa postura desoye las advertencias del abogado que ha redactado el recurso contencioso que está poniendo en un aprieto al gobierno municipal. El letrado Antonio García asegura que el Ayuntamiento podría incurrir en «cuantiosas» responsabilidades patrimoniales si se continúa con la tramitación de las actuaciones residenciales que se derivan del PGOU y el Supremo finalmente no avala la tesis oficial.
Esa tesis se apoya en dos pilares. Por un lado, «creemos que la diferencia entre el procedimiento de revisión y el de modificación es conceptual y no tendría por qué alterar la tramitación del PGOU que se siguió en su día», argumentó el concejal socialista de Urbanismo, que se remite «a lo que dice la propia sentencia en sus fundamentos cuarto y quinto». Por otro, el Ayuntamiento no comparte lo relativo a las irregularidades medioambientales aducidas por los demandantes, ya que «se habla de una normativa que entró en vigor en julio de 2006, cuando la aprobación inicial del PGOU se produjo en febrero».
Para García, lo que debería hacer el Ayuntamiento es «tramitar ya de oficio una revisión del Plan General, reconociendo su error y corrigiéndolo». Para Sanjurjo, «hay que seguir paso a paso lo que determina el procedimiento legal. Sería prematuro hacer ahora cualquier consideración sobre las futuras consecuencias de este fallo, aunque para nosotros es totalmente nuevo y vamos a estudiar todas las situaciones que puedan sobrevenirnos».
