J. MORÁN
Fue también en julio, pero de 1997, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulaba el denominado esquema director de la Costa Este, el documento urbanístico del Ayuntamiento de Gijón aprobado en 1993 y destinado a ordenar el litoral de la ciudad desde el cerro de Santa Catalina hasta el límite del concejo con Villaviciosa. Por tanto, hace doce años justos que el urbanismo de Gijón sufría su primer revés de importancia, pero el último hasta ayer.
Otra coincidencia de la sentencia del esquema con la que acaba de anular el PGOU vigente es que los motivos de la Sala de lo Contencioso del TSJA fueron muy similares. El documento de 1993 caía porque había sido tramitado como «modificación» de planeamiento, pero los magistrados determinaban que debería haberlo sido como «revisión», pues abarcaba 2,6 millones de metros cuadrados, una cantidad de suelo suficiente como para considerar que no se actuaba puntualmente, sino sobre todo un sector de la ciudad. El segundo motivo de la anulación era la ausencia en el esquema de un documento: el estudio económico-financiero. Pero la anulación del documento no iba a causar grandes desperfectos en el urbanismo de Gijón, ya que casi no se había aplicado.
Además, la ironía principal del esquema era que el Ayuntamiento lo utilizó para realizar una de las actuaciones más polémicas de la historia reciente de la ciudad: la remodelación de los jardines del Náutico, cuyo edificio hostelero produjo tal rechazo que el área de Urbanismo, gobernada entonces por Jesús Morales (PSOE), decidió seccionarle su primera planta.
Ya en 1993, el esquema de la Costa Este había causado más de doscientas alegaciones de propietarios de suelo de Somió que se veían afectados por la nueva ordenación. Algunos de esos propietarios fueron los que acudieron al contencioso ante el TSJA, y obtuvieron sentencia favorable. A continuación, el Ayuntamiento recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, pero otro mecanismo administrativo era el que iba a recuperar las ideas del esquema, que incluía protección de la franja costera, limitaciones de edificación, parques y sendas litorales, lagunas para aves migratorias o un picadero de asturcones. Urbanismo tenía adelantado ya el plan especial de la Coste Este, un documento de rango superior al esquema y dependiente de la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se venía tramitando desde 1995.
De hecho, el PGOU recibió aprobación definitiva en 1998, y poco tiempo después el citado plan especial. Los autores del PGOU, del plan especial y del esquema eran un equipo encabezado por el urbanista Ramón Fernández-Rañada y el abogado Luis Carlos Iglesias. Rañada sostuvo en 1997, al conocer el fallo adverso, que el esquema era un «documento político» y provisional. Las prescripciones costeras del esquema fueron después aplicadas a toda la costa de Asturias mediante el plan de ordenación del litoral (POLA), del que también es autor Fernández-Rañada.
El esquema director de la Costa Este recibió la aprobación definitiva del Ayuntamiento el 12 de abril de 1993.
Su intención era la de controlar y limitar la edificación en el litoral del concejo mediante una franja que se adentraba hacia tierra en unos 500 o 600 metros.
La amplitud de dicha protección fue la que llevó a los vecinos de la zona a recurrir contra el documento, anulado, no por su contenido, sino por graves defectos formales.
