Es la primera voz femenina en la historia del órgano de gobierno de los jueces. Y eso siendo fiscal. Algo que Gabriela Bravo ( El Ràfol de Salem,Valencia, 1963) precisa que no debería extrañar. No en vano, su nombramiento se produjo por unanimidad y desde entonces tiene claro que cada palabra, o cada silencio, puede ser utilizado en su contra. De ahí su prudencia, su afán perfeccionista, el halo institucional que le imprime a todas sus intervenciones o su negativa a pronunciarse sobre asuntos calientes, como la ramificación valenciana del «Gürtel». Pero eso no le impide rebelarse contra propuestas que casi agrietan esa estudiada contención, como las que hablan de cadenas perpetuas o de infligir castigos más duros a los menores. Preocupada por que el ciudadano perciba la justicia como algo cercano y por que los jueces dispongan de los medios necesarios para desarrollar su función con dignidad, esta mujer progresista adicta a la justicia confiesa, además, su debilidad por trabajar por los más desprotegidos, algo que le viene de lejos.

-El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido incapaz de nombrar a los presidentes de tres tribunales superiores cuyos mandatos expiraron hace tiempo. ¿Tan difícil es encontrar profesionales competentes?

-No es una cuestión de falta de profesionalidad. Son nombramientos en los que se tienen que consensuar trece voluntades. Y eso, en determinados supuestos, es muy difícil. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, pero no significa que hayamos hecho dejación de funciones, y estoy convencida de que en breve se renovarán las tres presidencias.

-¿... Pero los nombramientos no son en realidad un intercambio de cromos?

-En absoluto se puede calificar así, se actúa con mucho rigor y se tienen en cuenta los méritos y la capacidad de los candidatos.

-Vista la actuación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la trama valenciana del «caso Gürtel», ¿se ha valorado que Juan Luis de la Rúa siga al frente cuando el Supremo puede devolver el asunto a Valencia y está pendiente también la admisión de la querella del PSPV por presunta financiación ilegal del PP en la comunidad?

-Las cuestiones jurisdiccionales no afectan a la política de nombramientos. Que en un TSJ haya un asunto más mediático no es una cuestión a tener en cuenta para decidir si renovar o no a un determinado candidato.

-¿Cree usted que en las decisiones que adopte el TSJ de la comunidad sobre el «caso Gürtel» no es determinante la presencia o no de De la Rúa?

-Los jueces en nuestro país actúan con la suficiente independencia, profesionalidad y rigor, y por ello confío en que se adoptarán las resoluciones conforme a derecho.

-¿Cómo se puede creer en la independencia de la justicia cuando en órganos de la trascendencia del CGPJ o del Tribunal Constitucional se habla sin tapujos de conservadores y progresistas? ¿No debería estar la justicia por encima de las ideas políticas?

-Por supuesto que la justicia está por encima de las creencias de cada uno. Trasladar otra imagen es un error. La trascendencia que se da a los temas mediáticos es lo que hace que el ciudadano pueda tener esa percepción. Si nos fijamos en los asuntos que salen en los medios no enumeraremos más de 18, cuando en nuestros Juzgados el año pasado entraron nueve millones. Decir que la justicia está politizada no responde a la realidad.

-¿Cómo se explica entonces que medio millar de jueces se hayan adherido a un manifiesto en el que piden la despolitización de su órgano de gobierno?

-Estos magistrados no dicen que haya resoluciones dictadas según criterios políticos. Lo que no comparten es el sistema de elección de los vocales del CGPJ.

-¿Y usted lo comparte?

-El hecho de que quienes elijan al órgano que va a gobernar al tercer poder del Estado sean los depositarios de la soberanía popular representados en el Parlamento nos legitima democráticamente. El sistema de mayorías es el que es. Y el que nos haya propuesto un grupo parlamentario u otro no significa que tengamos que seguir sus cánones. Asegurar lo contrario es una falacia aunque cada uno tenga su propia ideología. Es el reconocimiento de un estado plural.

-¿Qué piensa de la propuesta lanzada por Rajoy de modificar el Código Penal para introducir la cadena perpetua?

-Incorporar la cadena perpetua exige primero una reflexión sobre el derecho penal que queremos. En este país se apostó por un modelo más humanitario que, sin olvidar la pena, busca la reinserción. Por eso creo que la cadena perpetua tiene muy mal acomodo dentro de nuestra Constitución; pero es que, además, tenemos uno de los sistemas punitivos más duros de Europa y la población reclusa más numerosa de toda la UE. Por eso me parece demagógico y poco serio lanzar estas propuestas al amparo de dramas humanos utilizando el dolor de las víctimas, a las que hay que tener muy presentes, además de protegerlas. Y no hay que olvidar las estadísticas, que revelan que el endurecimiento de las penas, ni siquiera la pena de muerte, tiene los fines disuasorios que la gente cree.

-¿Qué queda, entonces?

-Trabajar en medidas pospenitenciarias individualizadas, porque creo que tenemos un sistema penal muy duro ya.

-¿Eso se puede aplicar a la ley del menor? También piden endurecerla.

-Me alarma mucho que se utilice esta ley cuando los datos demuestran que nuestros menores no son los que más delitos graves cometen. La mayoría suelen ser contra la propiedad, y en la ley penal del menor ya hay una respuesta importante: ¡es que se pueden llegar a cumplir medidas de internamiento de hasta diez años! Y para un menor cinco o diez años es a veces casi la mitad de su vida; pero es que, además, la ley ha sido reformada tres veces para endurecerla. Hacer demagogia con este tema es ir contra el espíritu de la propia ley, cuando tendría que regir el interés del menor. Eso, sin plantearnos si tenemos políticas sociales adecuadas o si están fracasando las administraciones y las instituciones.

-¿Y las víctimas?

-Yo me solidarizo con su dolor, hay que dejar que se expresen, incluso se les puede respetar hasta ese espíritu vindicativo, pero no podemos utilizar el dolor para convertir un Estado de Derecho en un estado vengativo. Pueden ser comprensibles determinadas manifestaciones por parte de los afectados, porque la rabia por ese dolor los puede legitimar, pero la responsabilidad de la sociedad es sentar ese debate desde otro punto y no utilizar esos sentimientos, porque lo contrario es fomentar el espíritu vengativo, lo cual tampoco conjuga con el espíritu de nuestra Constitución.

-¿Cómo se puede mantener a la justicia al margen de la batalla política para evitar este tipo de planteamientos?

-Cualquier propuesta debe plantearse en el marco parlamentario adecuado, pero no es serio que al amparo del dolor de las víctimas se fomenten endurecimientos de leyes, porque, incluso desde el punto de vista utilitarista del derecho penal, hay que ver si sirve para algo.

-¿Se tendría que sancionar por dilaciones indebidas a los magistrados del Constitucional que tienen que pronunciarse sobre el Estatut?

-Aunque sería deseable que ya hubiera una resolución, hay que tener en cuenta que se trata de un asunto muy complejo donde se ha cuestionado la constitucionalidad de una gran parte de los artículos del Estatut, que cada uno necesita una ponencia específica y que haya acuerdo sobre ella.

-En la situación en que se encuentra este tribunal, ¿qué legitimidad ética tienen sus resoluciones?

-Estoy convencida de que trabajan con mucho rigor y de que no han dejado de ejercer sus funciones. Estos treinta años de democracia son una muestra evidente del gran trabajo desarrollado por este órgano, el pilar de nuestro Estado de derecho.

-¿Cree usted que los políticos involucrados en procesos de corrupción deben dimitir o esperar a que haya sentencia firme?

-Ésa es una cuestión muy personal que debe resolver cada uno según sus principios morales.

-Si al final el Supremo concluye que regalar trajes a un político no es delito, ¿debería eliminarse el cohecho impropio del Código Penal?

-No voy a hacer ninguna declaración sobre el «Gürtel» ni sobre ningún asunto jurisdiccional porque no corresponde al órgano de gobierno.

-El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, defiende que los jueces son unos ciudadanos más y que, por lo tanto, ni deben ni pueden dejar de manifestarse sobre lo que sucede a su alrededor.

-Comparto esa visión del vicepresidente de que tradicionalmente la justicia aparecía ante los ojos de los ciudadanos como algo opaco. Uno de los retos de este Consejo es trabajar en todos los ámbitos para que haya un acercamiento y, si lo conseguimos, los ciudadanos sentirán que los jueces están trabajando al servicio de la sociedad; pero nosotros, como órgano de gobierno que vela por la independencia de los jueces, no podemos hacer valoraciones sobre cuestiones jurisdiccionales, porque se podría considerar una intromisión en su independencia. Los vocales tenemos que entender que nuestra libertad de expresión está limitada por la responsabilidad institucional. Otra cuestión, insisto, es si los jueces tienen que abrirse más a la sociedad, que yo creo que lo están haciendo.

-¿Cómo se puede ser la portavoz del órgano de gobierno de los jueces siendo fiscal?

-Formo parte del Consejo General del Poder Judicial como jurista y fui elegida portavoz por unanimidad. En absoluto es incompatible, y tampoco debería parecernos raro. Mis casi veinte años en la carrera fiscal me han permitido tener una percepción bastante exhaustiva de los problemas que afectan a la Administración de justicia.

-¿Piensa usted que el ciudadano cree en el sistema judicial?

-Yo creo que sí, prueba de ello son los casi diez millones de casos que se registran al año. El ciudadano sigue optando por que sean los jueces quienes tutelen sus derechos y libertades.

-¿Por qué se llama fiscalía anticorrupción a un par de fiscales sin medios?

-La creación de la figura del fiscal delegado debe ir acompañada de la correspondiente dotación, y esto es algo que tiene que impulsar la Fiscalía General y exigirlo a quien tiene el dinero. Si no se dispone de los instrumentos necesarios que permitan llevar a cabo una investigación tan especializada, no sirve de nada.

-¿Qué Gabriela Bravo era más política, la que a los quince años despidieron del almacén de frutas en el que trabajaba por incitar a sus compañeras a una huelga o la actual?

-Han pasado treinta años de aquella preadolescente que en una sociedad que acababa de despertar al espíritu democrático quería tener una voz cuando nadie estaba acostumbrado a que hubiera voces disconformes. No podía entender por qué simplemente por poner de manifiesto unas injusticias sociales te trataban de una forma despectiva. Aquella época la guardo en mi recuerdo con mucho cariño: haber tenido la posibilidad, una vez superado el totalitarismo, de vivir cómo España se adentraba en un sistema democrático creo que ha marcado mi vida. Ahora claro que hago política, formo parte de un órgano donde se hace política judicial, pero nunca en mi interior se ha adormecido esa inquietud y esa necesidad de poner de manifiesto aquellas injusticias que no deben ser toleradas. Siempre he tenido predisposición a trabajar por los más desprotegidos.

-¿Qué piensa de quienes relacionan la inmigración con la delincuencia?

-No hay ningún estudio que determine que la inmigración conlleve un incremento de la delincuencia. Y hay que distinguir entre extranjero e inmigrante, porque en nuestro país hay muchos extranjeros que cometen delitos, pero no son inmigrantes. Son gente que incluso llegan adrede a delinquir. La población inmigrante es la que viene a buscarse un futuro. La delincuencia puede estar relacionada con la pobreza en cuanto a ciertos delitos menores, pero pobreza no es sinónimo de inmigración y me parece un error hacer afirmaciones en este sentido. Son pura demagogia y propias de actitudes xenófobas que además pueden despertarlas en la sociedad contra gente que sólo ha venido aquí a buscarse un hueco. Cierto es que el 34% de la población reclusa es extranjera, pero no es el mismo concepto. Estos presos son fundamentalmente narcotraficantes o gente relacionada con el terrorismo.

-¿Qué opina de la limitación de la justicia universal?

-La justicia universal es una conquista irrenunciable en toda sociedad democrática, por lo que me preocupa la restricción de un principio tan fundamental como éste, máxime cuando España ha sido un país pionero y referente de la persecución de este tipo de delitos.

-¿Cómo se explica que esta restricción se haya acometido precisamente con un Gobierno socialista?

-La modificación tuvo un gran consenso parlamentario, pero habría que preguntarles a ellos, porque yo no tengo respuesta.

-¿La investigación judicial la deben seguir llevando los jueces o tendría que pasar a manos de los fiscales?

-Como fiscal y como jurista creo que por eficacia y por garantías deberíamos acercarnos al modelo de un fiscal investigador con un juez de garantías que vele por que se respeten los derechos y libertades en el marco del proceso.

-¿Pueden considerarse ataques a la independencia judicial los procedimientos contra el juez Garzón por el asunto de la memoria histórica?

-No se puede llamar ataques a unos procedimientos judiciales sobre los que confío que los tribunales que los estudian dictarán la resolución más adecuada.