«El Gobierno pone en riesgo la seguridad de los usuarios de las obras por criterios economicistas»

-¿Qué supone la eliminación del visado que desde hace ochenta años ha velado por la seguridad de los usuarios de las obras y proyectos de ingeniería?

-La supresión del visado obligatorio conllevará una considerable merma en la seguridad de las obras y las instalaciones, puesto que no se podrá garantizar al usuario de los servicios de ingeniería la idoneidad del profesional para la realización de esos proyectos ni la posibilidad de conocer la adscripción del profesional a una póliza de seguro de responsabilidad civil, ni el contenido formal de la documentación preceptiva o la aplicación de las normas técnicas vigentes. En definitiva, se rompe la cadena de seguridad en los trabajos profesionales de ingeniería.

-A partir de ahora, excepto para un determinado tipo de trabajos, el visado pasa a ser voluntario, ¿quién tendrá que solicitarlo?

-La capacidad de solicitar el visado voluntario está reservada al cliente de los servicios de ingeniería, que en la práctica totalidad de los casos no es el usuario final de las instalaciones u obras, sino el promotor de las mismas. El usuario final queda, por tanto, indefenso, ya que ni siquiera tiene capacidad de solicitar que se acredite el cumplimiento de ese control esencial. Además, al no existir control previo de la idoneidad del profesional, es previsible que se generalice el intrusismo que, hasta ahora, es prácticamente inexistente. Ahora el visado obligatorio queda acotado a los proyectos de ejecución de edificaciones y parte de la minería, en el área de explotación y explosiones.

-¿Qué alternativas de control preventivo, en sustitución del visado obligatorio, prevé el Gobierno?

-Actualmente no existe control preventivo sustitutivo del visado ni el real decreto prevé procedimiento alguno para su sustitución. En cualquier caso, ningún mecanismo de control tendría viabilidad alguna si no se realiza mediante un control colegial previo. Los seguros de responsabilidad civil, la habilitación técnica y profesional del ingeniero y la exigencia de que determinados trabajos sean firmados por técnicos idóneos con atribuciones no podrán verificarse sin la intervención de los colegios. Y, en cualquier caso, la posible intervención de organismos de certificación y control en la verificación de estos extremos, amén de su falta de imparcialidad por ser entidades con ánimo de lucro contratadas por los propios clientes, encarecería notablemente el proceso. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese decreto se revoque.

-Uno de los argumentos que el Gobierno esgrime para justificar la eliminación del visado obligatorio es que supondrá una rebaja de 815 millones de euros en los costes anuales de empresas y particulares. ¿Qué opina de esa estimación?

-El Gobierno oculta que en términos económicos el coste que supondrá la supresión del visado obligatorio será mucho mayor que el pretendido ahorro de 815 millones de euros anuales que pregona. Las inspecciones antes de la puesta en marcha de obras e instalaciones, las cuales, además, son inspecciones a posteriori y no tienen valor preventivo, supondrán ya de por sí un coste anual superior a 2.400 millones de euros anuales, según nuestras estimaciones. A ello habrá que añadir las modificaciones de obras e instalaciones llevadas a cabo como consecuencia de dichas inspecciones a posteriori por no cumplir la normativa o no adecuarse a las exigencias reglamentarias. Por tanto, se pone en serio riesgo la seguridad de los usuarios, con unos criterios puramente economicistas, que además no son reales, pues los datos y las proyecciones de ahorro económico son equivocados y no tienen en cuenta estos factores.

-¿Cabe la rectificación?

-En Asturias, en una zona de minas y tan industrial, donde se está buscando el objetivo cero de accidentes, es necesario mantener esa dinámica de control de las instalaciones por parte de los colegios profesionales, que hasta ahora venían realizando una labor importante. No puede ser que la seguridad industrial y de las personas cayese en manos de indocumentados.

-¿Cómo va a repercutir la aplicación del real decreto en los colegios profesionales?

-La eliminación del visado afecta directamente a la financiación de los colegios y a los servicios que se prestan desde allí a los colegiados y a la propia sociedad. Nuestros colegios proporcionan diversos servicios de valor añadido a los colegiados que podrían verse afectados. Es el caso de la asesoría jurídica especializada, el servicio de consulta de normativa y servicios técnicos, archivo y conservación de los trabajos visados, póliza de seguro de responsabilidad civil profesional para los colegiados, asesoramiento y gestión sobre siniestros, así como rapidez y agilidad en la tramitación del visado. Además, los colegios responden subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido detectarse al visar el trabajo profesional. A ello se suma la defensa y protección del colegiado y de la sociedad del intrusismo profesional y de las malas prácticas mediante el código deontológico y el reglamente regulador de la profesión. La afectación es máxima.

-¿Qué medidas van a tomar con respecto a ese real decreto?

-Se va a recurrir ante el Tribunal Supremo, porque valoramos muy negativamente la actuación del Gobierno, que además de tratar de manera irreflexiva el hecho del visado colegial y, con ello, poner en riesgo evidente la seguridad de los usuarios y consumidores, ha sido insensible a los planteamientos de las organizaciones colegiales, que buscan en todo momento el bien de la sociedad y la seguridad de la misma en los aspectos que les conciernen.

-Otro asunto de actualidad es la adaptación de los títulos académicos vigentes al Espacio Europeo de la Educación Superior. ¿Están de acuerdo con el planteamiento de los nuevos grados universitarios?

-El proceso Bolonia, para toda la ingeniería, ha sido la oportunidad perdida, ya que todo queda como estaba. Muchas universidades equiparan el título de grado con el de ingeniero técnico industrial y el máster (dos cursos más) con el de ingeniero industrial. El gran error es mantener esa dualidad. Queremos algo nuevo, pero, a la vez, que favorezca a la sociedad. Toda la ingeniería técnica ha recurrido ante el Tribunal Supremo las órdenes ministeriales y los acuerdos del Consejo de Ministros que van en la línea contraria de nuestras reivindicaciones. En definitiva, hemos pedido que el título de grado tenga una formación generalista y los másteres se dejen para la especialización, como indican literalmente la ley y el real decreto.

-¿Qué proponen con respecto a la convalidación de créditos?

-La última reforma del decreto de universidades indica que se pueden convalidar todos los créditos por experiencia y formación, excepto el proyecto fin de carrera, y ésa es nuestra propuesta: que un ingeniero técnico industrial pueda obtener el grado nada más que con el proyecto fin de carrera.

-¿Cuál es la relación de los colegios profesionales con las universidades?

-En el tema de la formación, los colegios profesionales siempre hemos trabajado con nuestros propios medios y ahora queremos dar un paso hacia delante suscribiendo convenios con la Universidad que nos permitan dar una formación reglada y orientada a la especialización de aquellos temas que interesan a los ingenieros técnicos industriales en su trabajo, con másteres de especialización en diferentes aspectos, tales como prevención de riesgos laborales, medio ambiente..., cosas de este tipo con el sello y el marchamo de la Universidad. Es importante que los colegios estén dispuestos a esa colaboración estrecha con universidades porque además tenemos una clientela importantísima y compartida con ellos. Lo que intentamos, pese a la coyuntura económica actual, es que España se mantenga entre las diez primeras potencias mundiales. Por otro lado, nos interesa mucho que estos cursos, además de presenciales, puedan ser también «on line» porque facilita mucho la formación a las personas que están trabajando.

-Dice que Bolonia es la oportunidad perdida para los ingenieros. ¿Por qué?

-Está ocurriendo en general con los estudios universitarios. Lo que se está planteando va en detrimento de la excelencia, de la calidad y del futuro de esos profesionales. Tal como están las cosas parece que a la Universidad van todos los que quieren y no los que deberían. Ahí está el problema, la Universidad se ha convertido en la hermana pobre de la educación.

-¿Está de acuerdo con la verificación de los títulos establecida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)?

-La verificación no es más que un trámite administrativo sobre el papel que no tiene en cuenta la práctica y la realidad. Ahora se da luz verde a títulos que teóricamente todavía no se ha visto cómo funcionan. Yo formo parte de una de las comisiones de la ANECA de la parte profesional, y de lo que recibimos de la parte académica rechazamos mucho.

-¿Se sienten ignorados?

-No nos han permitido participar en la elaboración de esos títulos. Sí nos oyeron, pero escuchar poco. Se está enfocando mal y pienso que las cosas se tienen que reconducir. Esperamos que venga alguien que ponga algo más de sensatez. El ejemplo son los países de Centroeuropa, donde la Universidad tiene más autonomía y hay una acreditación profesional que es independiente de la titulación.

-¿Cuál es su propuesta?

-Existe la creencia en Europa de que la titulación académica no te habilita para ejercer la profesión al día siguiente. Tú tienes una experiencia y existen unos consejos que acreditan la experiencia profesional. Ése es un buen ejemplo.

-Pese a no seguir el modelo europeo, sus colegiados siguen gozando de unos elevados índices de inserción laboral.

-Efectivamente, la ingeniería técnica industrial y la ingeniería industrial se van intercambiando posiciones como las más demandadas del mercado y creo que eso seguirá siendo así.