Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
Si algunas voces achacan al Ministerio de Sanidad una suerte de «diarrea» legislativa -tras la aprobación de la ley antitabaco y la anunciada normativa sobre el consumo de alcohol-, la Consejería de Salud del Principado más bien parece afectada por un «estreñimiento» legislativo crónico.
Alguna normativa que ya había sido anunciada, e incluso elaborada, en la legislatura anterior, ni ha sido ni va a ser aprobada en los cuatro años de la presente. Otras que habían sido anunciadas al principio de este mandato no han llegado a buen puerto. ¿Consecuencia? De no mediar sorpresa, la ley de ordenación farmacéutica será la única aportación legislativa de calado del período 2003-2007 por parte del departamento que dirige Rafael Sariego.
Fue el 2 de mayo de 2001 cuando el anterior consejero de Salud, Francisco Sevilla, anunció su voluntad de impulsar una regulación del denominado «testamento vital». Ayer, fuentes de la Consejería señalaron que el documento será remitido en breve al Consejo Consultivo para luego ser debatido por el Consejo de Gobierno. Al tratarse de un decreto, no deberá pasar por la Junta General del Principado. La intención del Gobierno es dar luz verde al texto antes de que concluya esta legislatura.
Asturias es, hasta el momento, una de las pocas regiones que aún no ha puesto en marcha una regulación relativa a las llamadas «instrucciones previas». El testamento vital consiste en un documento en el que cualquier persona mayor de edad, capaz y libre puede manifestar anticipadamente por escrito su voluntad sobre los cuidados y tratamientos sanitarios o -una vez llegado el fallecimiento- sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos. El objetivo es que esa voluntad se cumpla en el momento en que no sea capaz de expresarla personalmente o de decidir por sí mismo.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 2 la creación de un Registro Nacional de Instrucciones Previas que, dependiente del Ministerio de Sanidad, tiene la función de centralizar toda la información sobre testamentos vitales, en desarrollo de la ley de autonomía del paciente de 2002.
También de la legislatura anterior data el borrador de la ley de derechos y deberes de los pacientes. El primer texto ya fue publicado por este periódico en febrero de 2003, pero el Ejecutivo ya ha descartado incluso que sea posible retomar el proyecto en lo que queda de mandato. El citado borrador recogía aspectos reiteradamente invocados, como la libre elección de médico y de centro, el derecho a una segunda opinión de un facultativo o la garantía al «acceso a las prestaciones sanitarias en el tiempo mínimo posible que legal o reglamentariamente se determine».
Centro de Sangre y mapa sanitario
Una ley que formaba parte del acuerdo de gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida, encaminada a convertir el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias en ente público, tampoco saldrá adelante. La causa es el rechazo expresado por los trabajadores de este equipamiento, quienes no consideran suficientemente garantizada su continuidad en la futura entidad.
Así las cosas, la ley de ordenación del sector farmacéutico será la única novedad legislativa relevante en el ámbito sanitario en la legislatura 2003-2007. Será debatida en la Junta General del Principado a principios del mes que viene. Uno de los principales aspectos que se deberá determinar es si finalmente se establece una edad de jubilación -en rigor, de cese de la autorización administrativa- para los boticarios que son titulares de una farmacia. Asimismo, habrá de definir si se prevé la posibilidad de que la administración sanitaria pueda concertar con las farmacias de forma individual, sin la intermediación del Colegio de Farmacéuticos del Principado.
En lo relativo al mapa sanitario, al inicio de esta legislatura, el director general de Salud Pública y Planificación del Principado, Ángel López Díaz -miembro de IU-, anunció su intención de impulsar una reestructuración que implicaría agrupar áreas -el territorio asturiano está dividido en ocho- y unificar en algunas de ellas las gerencias de atención primaria y especializada. El año pasado reiteró su voluntad de plasmar este proyecto en el borrador de la ley reguladora del Derecho a la Protección de la Salud.
Al día siguiente, Ángel López se topó con la drástica desautorización del consejero de Salud, y nada ha vuelto a hablarse de la cuestión. «Los cambios previstos en el mapa sanitario son los que ya ha habido», señalaron ayer fuentes de la Consejería en alusión a unos pequeños retoques destinados a ajustar la planificación a los movimientos de población más relevantes de los últimos años.
