Crece la indignación entre los docentes opositores 

IU y PP apoyan a los profesores en su batalla contra el Adolfo Posada

 
IU y PP apoyan a los profesores en su batalla contra el Adolfo Posada
IU y PP apoyan a los profesores en su batalla contra el Adolfo Posada 
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OVIEDO, ELVIRA BOBO JUAN PLAZA J. R. SILVEIRA FERNANDO RODRÍGUEZ PABLO SOLARES El Partido Popular e Izquierda Unida apoyan sin reservas la protesta de los docentes contra la decisión del Gobierno regional de dejar en manos del Instituto Adolfo Posada, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, la convocatoria de oposiciones. «Si Riopedre tiene un mínimo de dignidad, debería presentar su dimisión inmediatamente», sostiene Francisco Javier García Valledor, portavoz de educación de IU, quien considera que el Consejero «ha dado la batalla por perdida, no tiene ganas ni fuerzas y no está en condiciones de mantener la política que prometió».
Valledor aseguró que su partido presentará hoy una interpelación urgente en la Junta General del Principado contra las políticas del Gobierno que consideran «una marcha atrás en la gestión educativa». Si tal rectificación no se produce, «vamos a poner nuestra fuerza parlamentaria al servicio de los sindicatos», asegura.
Valledor considera la transferencia de competencias como «una vuelta de tuerca más de una política absurda» y asegura que, aunque la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, es la responsable nominal de este asunto, «quien toma las decisiones es el viceconsejero Luis Iturrioz, hombre de confianza de Areces y responsable de los problemas que se están produciendo».
El portavoz de IU hace referencia, asimismo, a la situación -única en España, según afirma- de ausencia de mesas sectoriales de negociación, que dieran voz a las especificidades del cuerpo docente, asunto que «ya fue objeto de un tenso debate el pasado mes de octubre cuando el consejero Riopedre presentó su programa de gobierno». Valledor no duda, por otro lado, en relacionar una vez más el cese del anterior director general de Recursos Humanos, Arturo Verano, con la decisión del presidente Areces de incrementar las capacidades de Administraciones Públicas «sin argumentos sólidos».
El Partido Popular también da su «apoyo total» a que la Consejería de Educación tenga sus competencias en el procedimiento de oposiciones. «Somos la única comunidad autónoma que ha sacado a Educación de este proceso selectivo», declara el portavoz popular Emilio Rodríguez, quien añade que se trata de un «desmantelamiento», una decisión «tremendamente arriesgada» que «puede producir una cadena de recursos que invaliden los procedimientos». Rodríguez asegura: «Recibiremos a los sindicatos y seguiremos pidiendo que se mantenga la mesa sectorial con capacidad de debate y decisión». Asimismo considera que «Educación tendrá que pronunciarse». LA NUEVA ESPAÑA intentó ayer conocer la opinión de algún responsable de la Consejería sobre el asunto. La respuesta del gabinete de comunicación fue que «no está previsto hacer declaraciones».
Para el portavoz popular, el Gobierno está pretendiendo «crear una superconsejería de Administraciones Públicas» cuya cabeza, Ana Rosa Migoya, «desconoce y obvia la singularidad del sector docente», afirma.
Un portavoz de Administraciones Públicas, liderada por Ana Rosa Migoya, declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA que la Consejería «tiene plena competencia, legitimidad y capacidad para abordar este proceso» y añadió que «el Instituto Asturiano de Administración Pública, en colaboración con la Consejería de Educación, está trabajando activamente en la realización de los procesos selectivos en curso que se resolverán en el plazo previsto para que la organización del próximo curso se produzca con la normalidad acostumbrada». Administraciones Públicas asegura tener una «dilatada experiencia en la gestión de procesos selectivos».
La situación de los docentes opositores terminó de caldearse ayer tras la esperada publicación de la corrección de la convocatoria de oposiciones 2008, que, para Beatriz Quirós, portavoz de SUATEA, es una «colección de nuevos errores».
La Junta de Personal Docente no Universitario, que reúne a los sindicatos docentes asturianos, celebró ayer una rueda de prensa para mostrar su indignación por la «gravísima situación que, en general, está viviendo la educación asturiana» y, en concreto, denunciar este nuevo texto que, desde CC OO, consideran «el penúltimo», ya que genera nuevas dudas que habrán de ser solventadas, al ampliar los plazos de presentación de documentación hasta el 29 de este mes, algo que supondrá cambios en la situación de los interinos respecto a la presentación del ya famoso informe que sustituye una de las fases selectivas del controvertido proceso.
El portavoz de educación de este sindicato, Luis Fernández León, no dudó ayer en señalar que «la consejera Migoya miente y desconoce el Estatuto, que otorga la posibilidad de existencia de mesas sectoriales». No cesaron durante la rueda de prensa los ataques a esta Consejería: «Migoya desconoce todo lo que se refiere a Educación, confunde la Escuela de Peritos con la Cátedra Universitaria Jovellanos». Desde CSI-CSIF, Lucas Álvarez lamentó que la Administración «haya creído que la educación es un servicio administrativo más» y exige «que se reconduzca la situación».
El punto caliente de la reunión, tras las críticas y análisis de la situación, consistió en determinar las medidas que desde la Junta de Personal pretenden adoptar para solucionar el problema. Quirós aseguró ayer que «queremos crear el caldo necesario, entrevistarnos con los partidos y, si es necesario, convocar manifestaciones». Beatriz Quirós aseguró que «no se han puesto límites a la hora de adoptar medidas» para resolver una situación que, según aseguran, afectaría a 6.000 personas en Asturias, a las que «les va en ello los garbanzos, un puesto de trabajo fijo, de los ya no quedan». Los sindicatos indicaron que son una piña en este asunto. «Esta vez es total la unidad sindical; estamos representando a todos los docentes de Asturias», insistió Quirós, quien añadió que «la situación no tiene precedentes y sólo responde al empecinamiento de atacar al profesorado». Al «dislate» de las oposiciones convocadas por el Adolfo Posada se une, aseguran, la ausencia de negociación con los sindicatos, la «supresión brutal de plazas», cuyo número es «ridículo», así como la total ausencia de un consejero que permite el «desmantelamiento» de la Consejería de Educación.
«Trabajamos activamente en colaboración con Educación»
«Si Riopedre tiene un mínimo de dignidad, debería dimitir inmediatamente»
«Asturias es la única comunidad que no cuenta con Educación en el proceso»
«La unidad sindical es total ante el empecinamiento en atacar al profesorado»

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