Oviedo,

P. Á.

Un juzgado de lo penal de la región ha condenado a un año de prisión a una mujer que insultó y propinó un puñetazo en la mandíbula a su médica de cabecera por no extenderle todas las recetas que le había solicitado. El suceso acaeció en un centro de salud de la cuenca del Nalón. Esta es la primera ocasión en que la justicia asturiana califica como atentado una agresión a un facultativo. En todo caso, la condenada únicamente ingresará en prisión si presenta antecedentes penales.

El contenido de la sentencia fue divulgado ayer por el Gobierno asturiano en un comunicado que omitía la práctica totalidad de los datos. La resolución judicial considera a la autora de los hechos responsable de un delito de atentado y de una falta de lesiones. En consecuencia, le impone una pena de un año de prisión por el delito y de un mes de multa, por una falta.

En los detalles de la pena se mostraron conformes ambas partes. Este acuerdo previo hizo innecesaria la celebración de juicio, circunstancia que, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, contribuye a empobrecer la argumentación de la sentencia.

El texto considera probados los hechos que tuvieron lugar en el centro de salud cuando la persona condenada pretendía conseguir dos recetas para cada uno de los medicamentos que necesitaba su marido. La médica de atención primaria le explicó que para dispensar recetas adicionales era necesario disponer de las prescripciones correspondientes.

Fue entonces cuando la usuaria adoptó una actitud agresiva e insultante hacia la facultativa. La sentencia señala que incluso llegó a golpearla en la cara, propinándole un puñetazo en la mandíbula, lo que le provocó una contusión mandibular y una cervicalgia.

Hace unos meses, el Tribunal Supremo dictó la primera sentencia de estas características que ha llegado al Alto Tribunal. Se juzgaba una agresión a un médico odontólogo. La citada resolución iba acompañada del voto particular de uno de los magistrados, algo poco usual en las sentencias del Supremo.

El comunicado del Gobierno asturiano indica que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) «dispone de un plan para prevenir y atender las situaciones conflictivas en los centros sanitarios». En el marco de este plan se ha desarrollado un programa de formación, con el que se ha pretendido dotar a los profesionales de herramientas para que sepan como abordar este tipo de situaciones y cómo manejar la agresividad, además de desarrollar un mayor grado de autocontrol emocional.

El Colegio de Médicos de Asturias había solicitado al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la región un tratamiento de estas características para las agresiones a facultativos. El Principado fue la tercera autonomía que logró esta calificación, que hoy constituye una práctica generalizada.