Oviedo, P. R.

«Un embarazo no puede durar 4 años por incompetencia de la Administración», dijo ayer Inmaculada González al analizar el problema de las adopciones internacionales. Las cifras, en este asunto, son muy negativas para un departamento que, por ley, tiene la obligación de resolver los certificados de idoneidad en un plazo de seis meses. En la actualidad, se tarda una media de 18 meses. El número de solicitudes recibidas en la Consejería pendientes de tramitación es de 183, 33 de ellas del año 2006.

Para agilizar el problema, Bienestar Social firmó la pasada semana un acuerdo con los colegios profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales por el que, a partir del 1 de junio, las familias adoptantes podrán optar por una doble vía, tramitar la solicitud del certificado de idoneidad por el cauce público, con el retraso que conlleva, o pagar mil euros a estos profesionales para agilizarlo.

La medida, que, según Eva Sánchez, sólo supone el 7% del presupuesto total de una adopción de estas características -entre 18.000 y 30.000 euros-, fue duramente criticada por el PP e IU. «Parece que habrá adoptantes de primera y de segunda; el Gobierno, pese a la prórroga presupuestaria, ha aprobado los 400 euros de ayuda para la compra de ordenadores, pero la consejera de Bienestar ha sido incapaz de lograr esos 1.000 euros», señaló Inmaculada González.

«No compartimos la creación de la cuota, porque se crearán dos vías para la adopción, y no nos gusta», dijo Noemí Martín.

En cuanto a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Junta para legalizar la doble vía de adopción, Eva Sánchez evitó dar fechas para su puesta en marcha. «Nuestra prioridad es acortar y agilizar los trámites de las 138 familias que llevan más de dos años esperando», dijo. Y añadió: «Hay algunas partes que ya se están cumpliendo, pero el trámite es lento». Añadió que se estudiará cada caso. A la comparecencia asistieron dos padres que están en esta situación. Su temor, según explicaron a LA NUEVA ESPAÑA, es que esta proposición incluya una cláusula por la que sólo puedan acceder al expediente los que llevan más de 2 años, algo que les obligaría a continuar esperando, al menos hasta 2009.