Se cumple un año de la puesta en marcha de un derecho universal
 

Bienestar atribuye a la complejidad de la ley los retrasos en la dependencia

l Sólo un tercio de las 16.000 personas que lo solicitaron recibe los servicios
l El 73% tiene un nivel de renta inferior a 900 euros y el 66% son mujeres

29.04.2008 | 02:00

Oviedo, P. R.


La complejidad tanto de la ley como de su puesta en marcha y la ambición de su calendario son algunas de las cuestiones que han complicado el proceso de aplicación de la ley de Dependencia en Asturias, según declaró ayer la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez. Un año después de su aprobación, un tercio (5.562) de las 16.292 solicitudes presentadas ya recibe las prestaciones. El 82,4% (13.465) ha sido valorado y a lo largo de este año -la Consejera no quiso dar plazos- se tramitará el procedimiento para lograr que todas las que por ley tienen derecho a recibir los servicios (8.935) los tengan. Y los recibirán, en el caso de las ayudas económicas, con carácter retroactivo. «A lo largo del verano trataremos de resolver los expedientes del grado III o grandes dependientes, con derecho desde 2007, y más tarde los de grado II nivel II, que tienen derecho a partir de este año», afirmó la Consejera.


Los dependientes de Grado II nivel I (1.837) comenzarán a percibir las prestaciones a partir de 2009 y los de grado I en 2011. Casi setecientas solicitudes fueron rechazadas. Desde finales de 2007 se está recibiendo una media de mil nuevas peticiones mensuales, aunque son minoría las de grandes dependientes.


«El balance es bastante positivo, pero nos queda mucho por hacer, el calendario de entrada de la ley fue muy ambicioso, ya que había que hacer toda la normativa para su desarrollo y hemos partido de cero», señaló Pilar Rodríguez.


La consejera de Bienestar Social compareció junto al director general de Prestaciones y Servicios de Proximidad, Paulo González, para dar las cifras de este primer año de aplicación de la ley de Dependencia. Datos que son, dijo, «escrupulosos», «absolutamente fidedignos y reales».


La Consejería ha emitido 7.941 resoluciones en las que se dictamina el grado y el nivel de dependencia y ha elaborado 6.870 programas individualizados, aunque sólo se han firmado 5.562; el resto está pendiente de llegar a un acuerdo con las familias sobre el servicio o la prestación más adecuada para el solicitante. De esta última cifra, el 78% recibe servicios y el resto prestaciones económicas. La última nómina mensual de la ley de Dependencia fue de casi dos millones de euros.


El 66% de las personas dependientes son mujeres frente al 34% de hombres. Un 74% tiene más de 65 años. Los menores de 6 años son un 2% y los de menos de 18 años un 11%. El resto se reparte en tres franjas de edad: de 18 a 35 (5%), de 35 a 50 (6%) y de 50 a 65 (4%). La edad media de los cuidadores está entre los 54 y los 55 años y la responsabilidad recae mayoritariamente en la mujer. Sólo el 8% de los hombres en la zona rural y el 18% en la urbana.


La capacidad económica del 73% de las personas dependientes está por debajo de los 900 euros y un 34% de ellos cobra menos de 500 euros mensuales. Sólo un 9% supera los 1.500 euros mensuales.


La ley de Dependencia se puso en marcha a varias velocidades, dependiendo de las comunidades autónomas, y con varias deficiencias, entre ellas la falta de un decreto estatal de copago y la carencia de un catálogo de prestaciones. Pilar Rodríguez dijo ayer que están a la espera de que el Gobierno convoque a los responsables de las autonomías para hablar de estos asuntos. Entre tanto, el Principado dictó una resolución provisional de copago el pasado mes de noviembre, con validez hasta finales del pasado año, y ahora está pendiente de aprobar otra, también de carácter provisional. «Lo ideal sería llegar a un acuerdo con todas las comunidades para que todo el mundo tenga derecho a las prestaciones», afirmó la Consejera.


Lo que parece cada día más evidente es que la ley, que nació como derecho universal de los españoles, tiene distintos grados de aplicación, dependiendo de los responsables autonómicos. Algunas no están cumpliendo el calendario «ni de lejos», subrayó Pilar Rodríguez. La responsable de Bienestar también destacó que existen problemas de información. «Algunos consideran que les va a ofrecer demasiadas cosas, hay personas que tienen asignadas otras ayudas y no pueden ser beneficiarias y otras que no saben que les asiste ese derecho».


De las 1.236 personas que reciben prestaciones económicas, 725 disponen de cuidador familiar y 511 contratan un servicio privado. La cuantía media que perciben es de 420 euros y la máxima es de 507, más 153 euros del pago de la Seguridad Social. La cifra media destinada a la contratación de un servicio es de 610 euros y la máxima de 813 euros.

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