Oviedo, P. R.
Miguel, un joven ovetense de 23 años, con una discapacidad motriz total y la edad mental de un niño, recibió la declaración de grado 3 y nivel 2 por parte de la Consejería de Bienestar Social el pasado 12 de diciembre. Su madre y principal cuidadora, María Teresa Fernández Ordóñez, había presentado la solicitud el 7 de mayo de 2007. A raíz de una denuncia pública realizada por ella debido a los retrasos de la ley, LA NUEVA ESPAÑA decidió hacer un seguimiento puntual de este caso para analizar el grado de cumplimiento de este nuevo derecho universal.
Bienestar ya ha elaborado el programa individual de atención (PIA) de Miguel y, de las tres opciones que se ofrecieron a la familia, ésta eligió la prestación económica de asistencia personal a su madre. En su caso, supondrá una ayuda de 343 euros, que se suma a la pensión de unos 700 que recibe Miguel. Pero el proceso no ha finalizado. La familia está a la espera de que visite el domicilio una asistente social que deberá hacer un informe de habitabilidad. La hermana de Miguel, que realizó estos últimos trámites en Bienestar Social el pasado 7 de abril, preguntó: «¿Tardarán mucho?. «Dos o tres meses», le respondieron.
