Oviedo
La Consejería de Bienestar Social ha multiplicado por seis las inspecciones a los centros de atención social, dentro del «compromiso con el control y la mejora de la calidad de los centros de atención social», hasta llegar a las 165, según expuso ayer la consejera, Pilar Rodríguez.
La Consejera anunció, asimismo, que una residencia de ancianos de Oviedo está siendo investigada por supuesta sobreocupación y mala atención, que han sido denunciadas por familiares de los residentes. La Consejera ha declinado facilitar el nombre del centro para no interferir en la investigación. Rodríguez indicó que en los cuatro primeros meses del año se han abierto trece expedientes sancionadores a centros de atención social y se han cerrado siete residencias privadas de personas mayores, cinco en Gijón y dos en Oviedo, todas por faltas graves, especialmente por sobreocupación y mala atención, así como por carecer de la necesaria autorización para desarrollar la actividad que venían desarrollando. En cuatro casos, la Consejería ha procedido a revocar la autorización de la actividad. Las cifras indican que estas graves irregularidades afectan, aproximadamente, a un 15 por ciento de los centros inspeccionados.
En estos cuatro meses se han llevado a cabo inspecciones de control en el 50 por ciento de las residencias privadas y en el 40 por ciento de las públicas. La Consejería prevé que a finales de año se habrá revisado la totalidad del sector, y en el caso de incumplimientos, las visitas se repetirán.
Rodríguez ha destacado que este aumento de la labor inspectora se enmarca en la apuesta del Gobierno del Principado de Asturias por la consolidación de un sistema de servicios sociales de calidad, centrado en el respeto de los derechos de las personas y la atención a las preferencias de los usuarios de los centros de atención social, especialmente de los grupos más vulnerables.
Aunque la mayor parte de las inspecciones realizadas estos cuatro meses han sido de oficio, en 16 casos se han producido como consecuencia de una denuncia o alerta por parte de familias y profesionales. En la mayoría de los casos se ha constatado la veracidad de las denuncias. La sobreocupación está presente en casi todos los expedientes de cierre y sanciones realizados. Son los resultados del programa para la inspección y mejora de la calidad de los centros de atención social 2008-2009.
La Consejera anunció que para acabar con esta irregularidad se fijarán nuevas medidas como la exigencia de añadir a la placa acreditativa del registro la capacidad máxima autorizada o el seguimiento especial a los centros sancionados, así como en los que han sido cerrados, para evitar que puedan reanudar ilegalmente su actividad, informa «Efe».
