Oviedo, Elvira BOBO

La controversia política sobre la financiación del Museo de Bellas Artes de Asturias cambió ayer de escenario al llegar a la Junta General del Principado. La consejera de Cultura, Encarna Rodríguez Cañas, acusó ayer al Ayuntamiento de Oviedo de «incumplir sistemáticamente en tiempo y forma las obligaciones económicas pactadas con la institución», un impago que cifró en 1,6 millones de euros entre 1999 y 2006. Asimismo acusó al consistorio de querer «descapitalizar» al Museo al pagar solamente «a gasto real ejecutado».

Rodríguez compareció ayer ante la Comisión de Cultura y Turismo de la Junta, a petición del Partido Popular, para informar de la situación de la institución y, a partir de su exposición, la sesión se transformó en un cruce de reproches con el diputado popular Alfonso Román López, ex concejal de Cultura de Oviedo, quien defendió al consistorio recordando que «el Ayuntamiento ha pagado como un clavo a proyecto realizado». Asimismo, el diputado popular insistió en que el Gobierno no ha invertido el dinero que recibe en actuaciones reales, y explicó que desde 2004 a 2006 «sólo se había gastado medio millón de los dos millones que recibió de presupuesto para adquisiciones de obras». Y es que «el Ayuntamiento no debe financiar al Gobierno», apuntilló López, preguntándose adónde ha ido a parar ese millón y medio de diferencia que no fue invertido. «De ese superávit del museo se hizo cargo la Consejería», señaló, acusando al departamento de de realizar «presupuestos de suflé» -muy abultados y que luego quedan en nada-. Rodríguez se defendió alegando que «el superávit del museo es para el museo, salvo en algunas situaciones especiales, aunque siempre legalmente».

El portavoz popular lamentó asimismo que desde el Gobierno «no se cuenta con el Ayuntamiento para la aprobación y decisiones sobre el presupuesto», en lo que calificó de «ninguneo» hacia los representantes municipales en la junta de gobierno del Museo -de la que el diputado formó parte como vicepresidente en su etapa de concejal- ya que, según él, la ley obliga a que el Ayuntamiento dé conformidad al anteproyecto de presupuestos. Sin embargo, según él, la Consejería ha llevado a cabo «una política unilateral y de rodillo».

La Consejera abordó también la necesidad de una «redefinición» del museo que, según ella pasa por un amplio consenso y colaboración para rediseñar la gestión y «una nueva naturaleza jurídica». Algo en lo que coincide plenamente el propio director del centro, Emilio Marcos Vallaure. Éste se refirió también ayer a las posibles cesiones temporales de obras a otros centros puntualizando que se realizarían sólo en el caso de que hubiese que cerrar la instalación «y sería estupendo que fuese, por ejemplo, a Madrid».

La gestión de personal fue otro de los asuntos que el PP quiso reprochar mostrando su desacuerdo con el hecho de que la selección de quienes van a trabajar en el museo la realice el Instituto Adolfo Posada, dependiente de Administraciones Públicas. Alfonso Román López declaró que en España «no hay ningún museo que no se encargue de seleccionar a su propio personal».

Conviene recordar que en la primera legislatura del presidente Areces se había acordado sacar al Museo de la batalla política, una intención que volvió a hacer constar ayer el representante del PP. Pero el presupuesto vuelve a ser arma arrojadiza precisamente en un momento en que la institución vive un proceso clave de su historia tanto por las obras de ampliación en que se encuentra inmerso, como por la escasez de personal técnico que arrastra.