Madrid / Oviedo, Efe / P. Á.
El gerente del Hospital Gregorio Marañón, Antonio Barba, se convirtió ayer en el centro de todas las críticas por achacar directamente a las enfermeras el error que costó la vida al pequeño Rayan, cuyos restos descansan ya, junto a los de su madre, tras ser enterrado en el pueblo de Mdiq en una ceremonia emocionante y concurrida. El pequeño fue sepultado ante unas 200 personas en esta localidad septentrional, muy cercana a Ceuta, en la que crecieron sus padres.
Mientras las investigaciones sobre el caso siguen abiertas, diversos colectivos han salido en defensa de la enfermera apartada de la uci de neonatología por haber suministrado al bebé un preparado lácteo vía intravenosa. Esas mismas voces atribuyen el siniestro a una serie de errores en cadena.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, anunció que estudia emprender acciones legales contra el gerente del Gregorio Marañón, por sus manifestaciones «inmorales» e «indecentes» sobre las circunstancias del suceso. Según González Jurado, en las unidades de neonatos «no debería haber personal sin cualificar».
El presidente de los enfermeros aludió a otro caso «gemelo» sucedido en Canarias cuya sentencia, en 2005, dictó un año de prisión y tres de inhabilitación para el profesional implicado. «No es el primer caso de estas características que se produce en España», indicó, al tiempo que reconoció la excepcionalidad de éste por las circunstancias en las que murió la madre del niño, Dalilah Mimouni, primera víctima mortal de la gripe A en España.
Mohamed el Uriachi, esposo de Dalilah, ha denunciado al centro hospitalario porque considera que su mujer no fue atendida correctamente pese a haber acudido a urgencias varias veces, antes de ser ingresada en estado grave.
El Sindicato de Enfermería (SATSE) reclamó una «contundente rectificación pública» al gerente del Marañón. Barba calificó lo sucedido en el hospital como un «terrorífico error profesional» cometido por una enfermera y el SATSE entiende que, con esa frase, «se ha sometido no sólo a una compañera, sino al conjunto de la profesión, a un linchamiento público injusto».
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, incidió en la necesidad de esclarecer las causas de la muerte. «Hemos abierto una investigación», sentenció.
