Madrid

Por primera vez en su historia el órgano de gobierno de los jueces españoles no emitirá el dictamen -preceptivo, aunque no vinculante- que se le requiere en cualquier iniciativa legislativa. El anteproyecto de reforma de la ley del aborto del Gobierno ha dividido literalmente al pleno del Consejo General del Poder Judicial, con diez votos a favor del informe aprobado la semana pasada por su comisión de estudios e informes y otros tantos en contra. El presidente del órgano, Carlos Dívar, nombrado por Rodríguez Zapatero, se alineó con los conservadores por coherencia religiosa, y el vocal elegido por CiU, Ramón Camp, se abstuvo.

Así las cosas, el informe quedó sin aprobar y tampoco recibió el respaldo suficiente otro texto, presentado por el sector conservador.

El informe de la comisión de estudios del consejo, cuya ponente fue la vocal Margarita Uría, avalaba la constitucionalidad del anteproyecto de ley del Gobierno pero consideraba aconsejable que los padres fueran informados en el caso de abortos de menores de edad».

La posibilidad de redactar un tercer informe ha quedado descartada. El Consejo, argumentó su portavoz, Gabriela Bravo, «ha desarrollado un trabajo técnico y, como órgano consultivo, ha procurado hacer un informe que sirviera para mejorar el texto legal, pero tras el debate correspondiente no se han conseguido consensuar voluntades suficientes para poder sacar el informe adelante». En consecuencia, la tramitación de la reforma seguirá adelante sin informe de los jueces.

El PSOE, a través de su secretaria de igualdad, Soledad Cabezón, manifestó su respeto por la decisión del Consejo del Poder Judicial pero confía en que la reforma salga adelante, «en los términos en los que figura en el anteproyecto del ley del Gobierno», que la diputada socialista considera «adecuado a la realidad del siglo XXI».

La secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, exigió la retirada del anteproyecto, que, según manifestó, «vulnera principios fundamentales recogidos en la Constitución; genera una fractura social, parlamentaria y en organismos judiciales y que es radical». «El Gobierno tiene la responsabilidad, tras la falta de apoyo de organismos tan importantes como los judiciales, de retirar la ley». Y en esa misma línea se pronunciaron organizaciones como el Foro de la Familia y Médicos Católicos.