Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO
La consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, está dispuesta a «utilizar todos los instrumentos económicos a nuestro alcance para garantizar que, en un contexto de crisis económica, la protección social esté garantizada» y eso incluye, además de los recursos garantizados por la ley de financiación, el endeudamiento presupuestario, hasta en un 2,5 por ciento del PIB (producto interior bruto) regional. «La ley de Dependencia es un derecho subjetivo y, por tanto, exigible a la Administración», subrayó Martín, y eso significa, explicó, que quien reúna los requisitos para acceder a un servicio puede reclamarlo y debe recibirlo.
De momento, Bienestar Social considera que la red básica de servicios sociales, la que gestionan los ayuntamientos y cofinancian el Gobierno regional y el Estado, está cubierta. Este año dispone de 55,5 millones de euros, un 14,4 por ciento más que en 2008, un dinero con el que se costearán la ayuda a domicilio, los servicios de apoyo a mayores y dependientes en el entorno rural, las ayudas de emergencia social y la red municipal de centros.
El 53 por ciento de ese gasto, 29 millones, se cargará al Principado, las entidades locales contribuyen con el 33 por ciento, la Administración del Estado pone el 10 por ciento y los usuarios, un 4,3 por ciento. Esos recursos deberán bastar para mantener y ampliar una red de servicios sociales que en 2008 atendió a 56.200 personas, algo más del 5 por ciento de la población asturiana. Este año se reforzarán las plantillas municipales -con 30 nuevos puestos laborales-, y el servicio de ayuda a domicilio, que acapara más de la mitad del presupuesto, incorporará 212 nuevos empleados, que se suman a los 1.378 actuales. Con ese personal, según las estimaciones de Bienestar Social, se podrá atender a 11.600 personas.
En el área rural, el Ejecutivo regional mantendrá los servicios de apoyo para personas mayores y dependientes con una inversión mínima, si se compara con otras partidas: 1,8 millones de euros. Sigue adelante el programa «Rompiendo distancias» en 43 concejos y se abrirán nueve centros de día, en Castropol, Tapia, Villayón, Morcín, Caso, Bimenes, Colunga, Ribadesella y Onís. El presupuesto se redondea con una partida de 5,3 millones de euros para personas con riesgo de exclusión social y 2,6 millones para ayudas de emergencia.
«La apuesta de esta Consejería es mantener y consolidar el sistema de protección social en una situación difícil y lo haremos priorizando recursos y dirigiéndolos a quien los necesita», garantizó Martín.
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