El consejero de Economía abrió la caja de los truenos, la consejera de Administraciones Públicas le apoyó, desde Presidencia se metió baza y algunos responsables de la Consejería de Salud están irritados porque parece que todo el mundo está deseando entrometerse en lo que no le compete. También los dirigentes de la Federación Socialista Asturiana (FSA) consideran poco serio suscitar un debate de tamaña relevancia en pleno mes de agosto, con la Feria de Muestras de Gijón como escenario. «¿Adónde se quiere llegar?», se preguntan algunos gestores sanitarios y algunos políticos socialistas.
¿Es sostenible la sanidad pública? ¿Puede Asturias permitirse la red sanitaria de la que disfruta? Los dineros de la salud han vuelto a la palestra. No es nuevo. El consejero de Salud, Ramón Quirós, llegó a este cargo hace poco más de dos años proclamando la necesidad de reformas profundas en el sector. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunció en marzo de 2008 la apertura de un debate social ante las señales de «alarma» que emitía la financiación sanitaria. Y el consejero de Economía, Jaime Rabanal, difundió la semana pasada un comunicado en el que subrayaba «la necesidad de abrir un debate serio y reflexivo sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos». Dos días antes, Rabanal había hecho público el recorte de gasto público en 101 millones de euros, una medida destinada principalmente a afrontar el pago de las nóminas del personal sanitario.
Sin embargo, todas estas declaraciones públicas no acaban de concretarse en ninguna medida real. ¿Motivos? Uno esencial: la impopularidad de cualquier tipo de recorte; la dificultad que entraña concienciar a los ciudadanos de una restricción de los servicios, máxime cuando ya se ha rebasado el ecuador de la legislatura y comienzan a vislumbrarse en el horizonte político las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2011.
Dicho lo cual, ¿peligra la sanidad pública asturiana?, ¿existe en el sistema regional de salud algún elemento singular que lo diferencie de los de las restantes comunidades autónomas? Las líneas que siguen tratan de dar respuesta, al menos de forma parcial, a estas preguntas.
W Una red sanitaria muy amplia. La sanidad asturiana cuenta con 13 hospitales de uso público, 69 centros de salud, 117 consultorios periféricos y 34 consultorios locales. Todo ello para dar cobertura a menos de 1.100.000 habitantes. La red de infraestructuras es muy tupida y, por consiguiente, supone un coste elevado.
W El tercer gasto per cápita más alto de España. El presupuesto de la sanidad asturiana para 2009 asciende a 1.554 millones de euros. En 2002, año en que se hizo oficial el traspaso de las competencias sanitarias al Principado, había sido de 982 millones. En siete años, las cuentas sanitarias han crecido un 58 por ciento. Este aumento no es muy distinto del registrado en otras autonomías. Sin embargo, la densidad de la red de infraestructuras antes aludida hace que el gasto per cápita de Asturias sea uno de los más elevados de España. En el año en curso, asciende a 1.460 euros, una cifra sólo superada por el País Vasco y Extremadura.
W Un gasto muy elevado en relación al PIB. Las cifras de la factura sanitaria adquieren su verdadero relieve cuando son analizadas en términos relativos. Resulta evidente que los presupuestos destinados a la salud absorben una porción muy sustancial de las cuentas de las comunidades autónomas. En torno al 40 por ciento de los Presupuestos del Principado se dirigen a sufragar el gasto sanitario. Pero aún resulta más esclarecedor un dato destacado por el consejero de Economía en su comunicado de la semana pasada: la factura sanitaria de la región equivale al 6,9 por ciento del producto interior bruto (PIB). Rabanal no especificó a qué año se refería, pero sí es bien conocido que en 2005 el gasto sanitario en Asturias representaba el 6,4 por ciento del PIB, frente al 3,5 por ciento en la Comunidad de Madrid o el 4,2 en Cataluña. En dicho ejercicio, el Principado sólo era superado en este epígrafe por Extremadura (8,05 por ciento del PIB) y Castilla-La Mancha (6,8 por ciento).
W Un mapa sanitario obsoleto. En la página siguiente, Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex consejero de Sanidad y ex presidente del Principado, expone con detalle cómo el actual mapa sanitario de Asturias fue diseñado en 1984 y cómo se ha quedado irremediablemente desfasado. En algunos cajones de la Administración regional existen bocetos que hablan de transformar las ocho áreas sanitarias actuales en sólo tres, con el consiguiente recorte de gastos burocráticos. Sin embargo, nadie se ha atrevido, hasta el momento, a poner sobre la mesa un proyecto de reforma de estas características por temor al rechazo que suscitaría en aquellos territorios que temen ver mermada la cartera de servicios de la que disfrutan.
W La reordenación de la estructura hospitalaria. Con tan elevado número de hospitales públicos para poco más de un millón de ciudadanos, y muchos de ellos situados en un espacio geográfico muy reducido, casi nadie duda de que serían necesarios una reordenación y, en algunos casos, un redimensionamiento, de algunos centros hospitalarios. Sin embargo, la lógica sanitaria vuelve a toparse con las sensibilidades locales, como se ha comprobado esta semana ante los rumores referidos a los hospitales de Mieres y Jarrio. En este contexto, no conviene olvidar que un hospital constituye una fuente de gasto público, pero también proporciona empleo, fija población y dinamiza la economía de la zona en la que está emplazado.
W El alto coste sanitario de una población envejecida. El elevado grado de envejecimiento es uno de los grandes talones de Aquiles de la sanidad asturiana. Los datos del Principado señalan que Asturias es la segunda comunidad autónoma de España con más habitantes por encima de los 65 años, sólo por detrás de Castilla y León. Este fenómeno tiene una enorme relevancia, pues existen estudios que afirman que los ciudadanos de 65 a 74 años generan el cuádruple de gasto sanitario que las personas jóvenes y otros informes indican que los mayores de 75 años multiplican la factura hasta por seis.
W Economía y Administraciones Públicas aprietan las tuercas a Salud, y Salud se queja. En lo que va de legislatura, la Consejería de Economía, con la colaboración de la Intervención General del Principado, se ha mostrado muy pródiga en amonestar a los responsables sanitarios por determinadas prácticas de gestión que llevan largo tiempo vigentes y generan un sustancial aumento del gasto. Los responsables sanitarios no niegan la mayor, pero se quejan de que en esas medidas correctoras, y también en las que propugna la Consejería de Administraciones Públicas -a la que consideran muy interesada en intervenir en los asuntos de personal-, se advierte un cierto desconocimiento de las peculiaridades del sector sanitario y de las singularidades legales del personal estatutario. Prueba de esta distorsión de perspectiva sería lo ocurrido con la orden de la Interventora General de retirar determinados pluses a casi 300 trabajadores, que ha sido tumbada por la Inspección de Trabajo, los tribunales y el Consejo Consultivo del Principado.
