Gijón / Oviedo,
R. VALLE / E. F. -P
El Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, de violencia contra la mujer, ha dictado la primera resolución de ámbito regional que ordena colocar una pulsera electrónica a un maltratador para mantenerlo localizado y alejado de su víctima. El dispositivo, que utiliza tecnología GPS, fue entregado ayer mismo y, además de la citada pulsera, consta de una unidad móvil de vigilancia con la que la víctima puede pedir ayuda.
La colocación del dispositivo se lleva a cabo con el apoyo del Instituto Asturiano de la Mujer y de la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, que tienen un convenio de colaboración con las fuerzas de seguridad -tanto Policía Local como Nacional- para crear toda una red de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Gijón es también la ciudad que alberga el Centro de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, más conocida como la Casa Malva.
Begoña Fernández, concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón y ex directora del Instituto Asturiano de la Mujer, destacó ayer que este tipo de dispositivos «es un elemento de protección a la víctima como complemento a las medidas de alejamiento». La pulsera electrónica que lleva el agresor está conectada a un centro de vigilancia, que recibe un aviso en el momento en que se rompe la distancia de 500 metros marcada en la orden judicial de alejamiento. «Incluso si es de manera involuntaria», precisó la concejala gijonesa.
Si el acercamiento continúa, el dispositivo pone en marcha un sistema de comunicación que llega hasta los responsables policiales. Las alertas también saltan si la pulsera se rompe o si se pierde la cobertura. El dispositivo móvil que maneja la víctima incluye un «botón de pánico» para pedir protección en caso de temor a una agresión o amenaza.
El Gobierno español ha dispuesto un presupuesto de cinco millones de euros y tres mil equipos de localización para todo el país, cifra con la que quedan cubiertas el diez por ciento de las órdenes de alejamiento dictadas. Los localizadores están a disposición de los juzgados desde finales del mes de julio, pero hasta ahora en Asturias no se había requerido ninguno.
Con esta iniciativa la Administración se propone «reforzar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces y mejorar la protección de las mujeres». «El objetivo primordial es mejorar la seguridad y protección de las víctimas y generar confianza para poder abordar su recuperación», señalaron fuentes de la Delegación de Gobierno en el Principado.
El año pasado, según datos de la Fiscalía, el partido judicial de Oviedo registró más de 400 denuncias por violencia de género.
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