Oviedo, M. S. M.
Las asociaciones de padres de alumnos de Asturias no coinciden a la hora de valorar la propuesta de Esperanza Aguirre para dar rango de autoridad pública a los profesores. Mientras que la FAPA de Gijón, que acoge colectivos de padres de centros públicos, recibió la idea con «perplejidad», por lo «trasnochado» de la misma, la CONCAPA -integrada por familias de colegios católicos y mayoritariamente concertados- ve bien todo lo que sea reforzar la autoridad del profesorado, que observan bastante deteriorada.
«Consideramos apropiada cualquier medida que contribuya a recuperar la autoridad del profesor y a situarlo en el plano que le corresponde respecto a los alumnos», afirmó José Manuel Martínez, portavoz de la CONCAPA, quien considera que «debería buscarse una figura jurídica análoga» que «proteja y respalde» a los docentes de la concertada.
No lo ve igual Faustino Sabio, vicepresidente de la FAPA gijonesa, para quien «la autoridad se ejerce y se gana en las aulas». En consecuencia, no quiere hablar de autoridad pública, sino de autoridad académica. «La propuesta de Aguirre es una salida de tono fuera del compás de la partitura democrática, porque sólo es posible ganar la autoridad de igual a igual, con el diálogo», señaló Sabio.
Entre tanto, la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) manifestaron su desacuerdo con la propuesta porque «desprotege a los profesores que trabajan en la escuela privada, sea ésta concertada o no».
En Madrid, la Asamblea regional aprobó ayer, con los 67 votos del Partido Popular y la abstención de PSOE e Izquierda Unida (53), una resolución que insta al Gobierno autonómico a adaptar «las medidas necesarias para reforzar la figura del profesor» mediante la remisión a la Cámara de un proyecto de ley de autoridad del profesor.
