«Reforzar la autoridad de los profesores tiene la misma utilidad que el carné por puntos»

JAVIER URRA Psicólogo forense en la Fiscalía de Menores de Madrid y primer Defensor del Menor en España

Oviedo, Elena FDEZ.- PELLO
Entre variopintos compromisos mediáticos, que incluyen varias apariciones opinando de la utilización pública de la hija de una famosa televisiva, y en plena promoción de su último libro, «Enseñar con sentido común», Javier Urra, que fue el primer Defensor del Menor en España y uno de los redactores de la Ley del Menor, sacará tiempo para visitar Gijón. Será el próximo viernes en Gijón, invitado por la asociación asturiana de adoptantes, Asturadop.

-¿Servirá de algo la decisión de la presidenta de Madrid de declarar autoridades públicas a los profesores?

-Será de mucha utilidad. Hace falta dotar a los profesores de autoridad y deberíamos extenderlo a todos los profesores, de colegios públicos y concertados. Las normas tienen un componente pedagógico, si no véase cómo el carné de conducir por puntos ha reducido los accidentes. Es una medida importante, necesaria pero no suficiente. Otra cosa es la «autoritas», la razón que te da y te quita la sociedad. Un profesor debe transmitir algo más que conocimiento, debe ser muy vocacional.

-Hay profesores que tienen miedo a ir a trabajar.

-Antes el maestro era el que ostentaba el conocimiento. La mayoría de la gente era analfabeta y el maestro era «el que sabía». Hoy los niños saben muchas cosas, tienen más información, así que hay que modificar la escuela y apostar por un aprendizaje más activo. Pero el problema no se restringe a la escuela. Yo vivo en el Retiro y en mi ambulatorio hay colgado un cartel que dice: «Prohibido pegar al médico». Vivimos en una sociedad con una alta exigencia y escaso compromiso, y España es un país de bajo nivel cultural, de lectores del «¡Hola!» y consumidores de programas casposos en la televisión.

-¿Cuál es su diagnóstico de esa sociedad enferma?

-El diagnóstico está hecho: los niños son pequeños dictadores y los padres son sus víctimas. Están vigentes criterios como que ser joven es lo mejor o que a los niños no se les puede traumar. Hay padres que cuentan que no pueden con su hijo, vienen llorando y su hijo tiene cinco años.

-En Pozuelo los alborotadores fueron chavales de familias acomodadas.

-A la Fiscalía no le sorprende nada. Muchísimos chicos complicados provienen de niveles sociales altos y muy altos. No se les ha inculcado el valor de la compasión, la sensibilidad o el perdón. No se les ha dado la vitamina de niños. La religión casi ha desaparecido, la ideología también y todo se ve con los ojos de la televisión. Lo de Pozuelo se veía venir: dejas que se concentren cuatro mil chicos y que corra el alcohol y la cocaína, eso es todo.

-Y el castigo por agredir a los agentes de la Policía es no salir de fiesta durante una temporada.

-Eso se ha transmitido erróneamente. Esa es una medida cautelar, todavía no han sido juzgados y espero que puedan ser sancionados y que los medios lo recojan. Pero no es fácil, para que haya sanción tiene que haber pruebas de que ellos cometieron un delito.

-¿Rebajar la edad penal?

-Los que elaboramos la Ley del Menor entendimos entonces que los 14 años era una edad muy razonable. Yo varié mi opinión: hay que intervenir a los 12 años en violaciones, homicidios y chicos muy reincidentes. Tenemos la justicia penal pero también disponemos de la justicia administrativa para sancionar. En cualquier caso, siempre es un fracaso de la sociedad.

-¿Hay que aceptar que algunos jóvenes son irrecuperables?

-En Madrid, en la Fiscalía, vemos mil casos al año y el 87% de los menores no reincide. Casos como el del «Rafita», el asesino de Sandra Palo, son raros y ese en concreto tiene mal pronóstico. Eso sí, la sociedad tiene que dar una segunda oportunidad, pero sólo una.

-A una niña de 16 años se le presupone madurez para abortar en solitario.

-No debería realizarse un aborto sin informar a los padres, lo que no significa pedir su consentimiento. Ellos tienen derecho a saber y la hija a sentirse apoyada.

-La Fiscalía asturiana quiere elevar la edad mínima para la venta de alcohol de los 16 a los 18 años.

-En Gijón fue testigo hace unos años de un hecho dramático. Un bar anunciaba chupitos a un euro para los chavalillos durante parte de la tarde. Les entrenaba a beber. Es deplorable y en España hay una permisividad absoluta con el consumo de alcohol. Yo soy partidario de perseguir el consumo, no la venta, e imponer sanciones económicas que tengan que pagar los padres.