Madrid, Agencias
El Gobierno aprobó ayer la reforma del aborto, que sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y establece el aborto libre hasta la semana 14; y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró: «Derechos, garantía, seguridad y respeto son las claves de la nueva ley», que incorpora algunos cambios respecto al anteproyecto, siguiendo recomendaciones de algunos informes preceptivos, como el del Consejo de Estado. El resultado, dijo, es una ley «sensata y ajustada a derecho, que quiere dar respuesta sin dogmatismos a las carencias de la ley actual».
El proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión, al menos tres días antes del aborto.
De manera excepcional, hasta la semana 22, la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.
En ambos casos, la decisión deberá ir acompañada de un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos de los que practican la intervención.
La Vicepresidenta ha puntualizado además que, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, el texto aprobado establece que la vida prenatal «es un bien jurídico que merece una protección eficaz» pero que «se articula a través de la voluntad de las mujeres y no en contra».
La reforma establece también que cada autonomía tendrá al menos un comité clínico -formado por un equipo pluridisciplinar de expertos- encargado de valorar los diagnósticos prenatales de las enfermedades extremadamente graves, si bien, puntualizó la Vicepresidenta, «será la mujer la que decida sobre su intervención».
En cuanto al Código Penal, la nueva ley castigará no sólo a quien practique un aborto fuera de los supuestos establecidos en la ley, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos; a quien lo haga en un centro no autorizado, así como a quien consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas de gestación fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley. Fernández de la Vega subrayó, no obstante, que la reforma no incluye pena de prisión para la mujer.
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