Madrid, Agencias
La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, declaró ayer en Madrid que a los socialistas les gustaría que la reforma de la ley del aborto se aprobara sin ninguna modificación sobre el texto previsto y aseguró que el Gobierno no ha dado marcha atrás respecto a ningún aspecto del mismo. Pajín se refirió así, en una entrevista en Onda Cero, a las informaciones que en los últimos días apuntaban la posibilidad de que el Ejecutivo vaya a aceptar que las menores de 16 años que tengan intención de abortar sean tuteladas en su decisión por un adulto.
Según estas informaciones, la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega sería partidaria de que la nueva ley del aborto fuera «moderada y modulada» ante el rechazo social. En este sentido, la Moncloa estaría dispuesta a admitir que el aborto de una menor de edad de 16 años estuviera tutelado por un adulto. La solución, señalan, convencería también a un amplio grupo de socialistas que han discrepado del texto original del Gobierno en el capítulo específico del aborto de menores sin conocimiento paterno.
Sin embargo, Leire Pajín asegura que el proyecto de ley enviado al Parlamento se considera «el mejor posible» y, por tanto, a los socialistas les gustaría que saliera del trámite parlamentario en los términos en que se ha remitido. Negó de forma tajante que el Gobierno haya decidido introducir alguna modificación en el proyecto y explicó que, de haber sido así, el cambio lo habría realizado antes de que entrara en el Congreso.
Pese a ello, puntualizó que el Parlamento es soberano y, por tanto, no puede prejuzgarse cómo será la ley resultante, porque hay que esperar al desarrollo del debate entre los grupos parlamentarios. Pajín considera que las críticas al proyecto de ley del aborto son «ruido antiabortista» y advirtió de que «quienes hoy pretenden darnos lecciones de ética son incapaces de aplicarla en su propio partido».
Pajín insistió en que el Ejecutivo ha redactado «la mejor ley posible» y recordó que ha sido así «después de haber estado durante un año escuchando a todo el mundo». «Se ha hecho una ley exactamente igual a la que tienen los países vecinos», argumentó. El objetivo, dijo, es evitar que, «en pleno siglo XXI», una mujer «tenga que pagar incluso con la cárcel el derecho a decidir cuándo quiere ser madre».
