Estrasburgo / Roma,
Agencias
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ayer la presencia de los crucifijos en las aulas «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» y de «la libertad de religión de los alumnos». La sentencia responde al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases.
Después de numerosos intentos fallidos ante los tribunales italianos, la mujer decidió recurrir al Tribunal de Estrasburgo, que ayer le dio la razón. Ahora, el Gobierno italiano deberá pagar a Lautsi una indemnización de 5.000 euros por los daños morales sufridos, pero la importancia de la sentencia no es el valor económico sino que afecta a toda la Unión Europea.
El Ejecutivo que dirige Silvio Berlusconi ha anunciado que recurrirá la sentencia. El Vaticano, por su parte, acogió con «estupor y pesar» la sentencia al considerarla una «violación» de la libertad religiosa. En declaraciones a la Radio Vaticana y a la televisión pública italiana, el director de la sala de prensa del Vaticano, Federico Lombardi, consideró «sorprendente que una corte europea intervenga tan duramente sobre una materia muy profundamente ligada a la identidad histórica, cultural y espiritual del pueblo italiano».
En España, el Partido Popular «acata» la decisión judicial pero pide «que no se resucite la guerra de los crucifijos». El Observatorio para la Libertad Religiosa señaló en un comunicado que la decisión de Estrasburgo «supone una imposición de una minoría a una mayoría». La Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA) aplaudió la noticia, mientras que la asociación Europa Laica la calificó de «saludable».
Las patronales de Enseñanza FERE y CECE, que aglutinan a colegios privados y concertados, consideraron la noticia «inadmisible y sorprendente», porque supone «una violación de la libertad religiosa de los alumnos» y niega a los padres el derecho a educarles «según sus propias convicciones». La portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Cándida Martínez, aseguró que en España el debate «se ha ido resolviendo desde la convivencia y el respeto a las convicciones religiosas y opciones personales de cada uno».
