Oviedo, P. R.
Casi el 66% de las solicitudes de la ley de dependencia en Asturias corresponde a mujeres -la media española se sitúa en el 64%-, y prácticamente dos terceras partes de ese porcentaje son de ciudadanas de 80 o más años. Las peticiones de este último colectivo suponen el 43% del total del Principado. Noemí Martín, consejera de Bienestar Social, avanzó ayer este perfil, a la vez que anunció la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de enero de 2010, de una nueva regulación -la que hay en la actualidad es provisional- sobre la valoración de la capacidad económica de aquellos que tengan reconocida la situación de dependencia y su participación en las prestaciones económicas y en el coste que abonan por el servicio de ayuda a domicilio.
Noemí Martín mostró su confianza en que el nuevo modelo de financiación autonómica que se está negociando «reequilibre» las aportaciones del Estado (30% del total) y del Principado (70%), al contemplar como uno más de los criterios la población dependiente. Asimismo, confía en que el Estado modifique la cantidad mínima que concede a las autonomías por cada persona dependiente y pague en función del servicio que se presta, porque no todos cuestan lo mismo. «Tiene que invertir más en gasto social, estamos 7 puntos por debajo de la media europea», afirmó.
En lo que respecta al Gobierno regional, del que su coalición forma parte, la Consejera negocia unos Presupuestos en los que el gasto social sea «una prioridad». En el contexto actual de crisis económica Noemí Martín subrayó que la apuesta por los servicios sociales es «un elemento estratégico de un Gobierno de izquierdas».
La nueva regulación de la ley de Dependencia que entrará en vigor en enero permitirá, según la Consejera, ofrecer un tratamiento «más equitativo y progresivo» en función de las rentas y sus recursos personales a los beneficiarios de la ley. Igualmente, incentivará los servicios públicos frente a la prestación no profesional y facilitará la atención del dependiente en el entorno domiciliario, al ampliar la compatibilidad entre servicios y prestaciones económicas.
El «plan de choque» puesto en marcha el pasado mes de septiembre, que significó un aumento de plantilla tanto en los servicios sociales municipales (30 personas) como en el equipo territorial (31) para agilizar el proceso de tramitación de los expedientes, ha logrado resolver uno de los cuellos de botella, la valoración económica, pero no ha llegado todavía al objetivo de resolver el expediente en un máximo de seis meses. «Nos estamos acercando, en las zonas rurales estamos en torno a los siete meses, pero en las urbanas todavía se tarda entre 11 y 12 meses».
Noemí Martín compareció junto al director de Servicios y Prestaciones Sociales, Pedro Rodríguez. Treinta meses después de la implantación de la ley, en Asturias hay 15.025 personas con grados III y II de dependencia reconocidos y 10.122 que ya han accedido a un servicio o prestación. De los 27.458 expedientes activos, el 74% son de mujeres y el 58,22% de hombres.
