Oviedo, E. F. -P.
El proceso de acreditación de centros abierto por la Administración regional, requisito imprescindible para la concertación de plazas y la percepción de ayudas económicas dentro del sistema general de dependencia, sigue adelante tras salvar el primer escollo judicial que planteaba el recurso interpuesto por la asociación de empresarios del sector Asacesema (Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores) contra la Consejería de Bienestar Social. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado la paralización cautelar del procedimiento hasta la resolución del recurso, tal y como solicitaba la asociación, al considerar que «el interés público está por encima del interés general».
El viceconsejero de Servicios Sociales, Ángel González, informó ayer de la decisión del tribunal asturiano y Ana Gil, presidenta de Asacesema, restó importancia a la decisión del juez. «Ya contabamos con eso, es muy raro que se adopten paralizaciones cautelares pero hubiera sido bueno que se hiciese, se evitarían muchos perjuicios», opinó, y recalcó que «seguimos convencidos de que tenemos razón». La asociación recurrió el proceso de acreditación por su desacuerdo con los requerimientos de la Administración sobre el personal y las instalaciones de los centros.
La Consejería de Bienestar Social ha tramitado hasta ahora 25 solicitudes de acreditación de residencias, centros de día y otros centros de atención de personas dependientes. Algunos están listos para firmar. Ese número supone, según González, entre un 10 y un 20 por ciento de los centros susceptibles de ser acreditados.
El Principado, según los datos de Bienestar Social, dispone actualmente de unas diez mil plazas, tanto públicas como privadas, residenciales para personas dependientes. Este año se han autorizado dos mil nuevas plazas privadas.
