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Competencia considera un «monopolio abusivo» la gestión de derechos de autor

Propone al Gobierno modificar la ley de Propiedad Intelectual para acabar con lo que estima un modelo «opaco y poco eficiente»

 
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Madrid

Palo a las sociedad que generan los derechos de autor de los artistas. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera que las ocho sociedades que hay en España dedicadas a esta actividad, la más conocida y potente la Sociedad General de Autores (SGAE), ejercen un monopolio y tienen unas tarifas abusivas. LA CNC considera que «es posible un modelo más favorable a la competencia», donde las entidades enfrenten mayor presión competitiva en la prestación de servicios a titulares y usuarios, así como los mecanismos de mercado puedan organizar esta actividad, dictando cuántas entidades deben existir, qué categorías de derechos deben gestionar y cómo deben gestionarlos. Por eso recomienda al Gobierno que debe realizarse «una revisión integral» de la ley de Propiedad Intelectual para garantizar que sea un «marco claro y predecible para los agentes». Mientras tanto, propone modificar los estatutos de las ocho entidades (SGAE, DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE y AISGE) para hacerlos más flexibles y transparentes, y romper con la situación actual de un modelo, a su juicio, demasiado «opaco y poco eficiente».

Para el regulador, la posición monopolística de las entidades de gestión reduce sus incentivos a operar de manera eficaz, «facilita el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias por la utilización de los repertorios y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios», tanto los que operan en mercados tradicionales como los que explotan obras y prestaciones en el entorno «on-line».

La introducción de Competencia requiere reforzar la capacidad de elección de los titulares y de los usuarios. Competencia considera que debe eliminarse la obligatoriedad de la gestión colectiva a través de entidades como la SGAE y cree necesario adoptar medidas que permitan evitar posibles abusos e ineficiencias. Asimismo, plantea incluir en la ley de Propiedad Intelectual obligaciones de transparencia sobre los repertorios efectivamente gestionados por las entidades, así como el establecimiento, al menos para determinadas clases de usuarios, de tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo que se hace de las obras con derecho de autor.

Finalmente, recomienda establecer los criterios a los cuales las entidades de gestión tengan que ajustarse para determinar las tarifas por el uso de su repertorio. Los criterios deberían incluir «en todo caso» la amplitud del repertorio, la no discriminación, el valor económico y uso efectivo, la simplicidad, la transparencia y la publicidad.

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