Oviedo, P. Á.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado recientemente dos sentencias que impactan en la línea de flotación de los dos grandes procesos de selección y traslado de personal sanitario que el Gobierno regional tiene en marcha.

Uno de los fallos hace referencia a varios concursos-oposición en los que están en juego 355 plazas de médicos. La convocatoria original fue publicada en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) el 31 de diciembre de 2008. Más tarde, el Gobierno regional modificó el baremo de méritos y permitió, por vez primera, que al proceso pudieran concurrir facultativos de los hospitales concertados. Ahora, el TSJA establece que no existe diferencia alguna entre hospitales públicos y concertados, y precisa que esta homologación «debe alcanzar también a la experiencia obtenida por los profesionales que allí ejercen su profesión».

La otra sentencia atañe a un concurso de traslados en el que han participado unos 3.500 trabajadores del Sespa que pugnan por 2.392 plazas vacantes. La resolución indica que el baremo recurrido introduce «discriminaciones constitucionalmente proscritas» y que la experiencia profesional «es independiente del sistema de acceso».

Carmen Rodríguez, presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, hizo ayer público un comunicado en el que, en relación a las sentencias sobre el concurso-oposición y el concurso de traslados, enumera, entre otras, las siguientes críticas a la Administración sanitaria:

A) Estas sentencias «son consecuencia directa de la desidia e inoperancia absoluta de nuestra Administración pública».

B) «Ambas Consejerías son conocedoras de que, al menos desde el año 2005, el TSJA les obliga a puntuar y considerar los servicios prestados en los centros sanitarios integrados en la Red Pública Hospitalaria Asturiana».

C) «Es inconcebible que desde las Consejerías implicadas se excusen y pongan como ejemplo la normativa vigente en otras comunidades autónomas, cuando resulta que desconocen e inaplican las propias normas autonómicas que ellos mismos han elaborado».

D) «La Administración no puede escudarse en este cúmulo de merecidos varapalos judiciales para justificar la demora en el desarrollo de los concursos y oposiciones convocadas a fines del 2008».