Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

«La gerente del Sespa tiene que dimitir de forma inmediata por mentir en el Parlamento». Quien formula esta taxativa exigencia es Carlos Galcerán, diputado regional del Partido Popular. Sostiene que Elena Arias, al negar en la Junta cualquier intento de privatización de los servicios jurídicos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) «lesionó el buen nombre de las instituciones».

Entre tanto, la gerente del Sespa niega cualquier proyecto privatizador y enfatiza que sólo se estudió que uno o dos bufetes pudieran suplir la tarea que desde hace años llevan a cabo entre diez y doce letrados apoderados. Como aval de su tesis, Elena Arias agrega que «vamos a fortalecer los servicios propios y a reducir en lo posible el recurso a los apoderados. Hemos hecho un expediente de ampliación de plantilla para incorporar a tres letrados propios más. Ya ha sido aprobado en el consejo de administración del Sespa, donde está representado también el PP».

También Galcerán aporta lo que considera una prueba irrefutable. Se trata de un documento que lleva el membrete del Sespa. Está encabezado con el siguiente título: «Cuadro de características del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de asesoría y defensa jurídica del Servicio de Salud del Principado mediante procedimiento restringido». El diputado del PP sostiene que el contenido de este documento «contradice radicalmente» las declaraciones de Elena Arias recogidas en el diario de sesiones de la Junta General del Principado, donde compareció el 28 de abril de 2009 para aseverar que «no existe ni ha existido ningún ánimo de privatización del servicio jurídico adscrito al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)».

En la primera página del documento se señala que la «necesidad administrativa a satisfacer» consiste en «proveer al Sespa del asesoramiento jurídico imprescindible para el correcto ejercicio de las competencias atribuidas a las autoridades y órganos que se integran en el mismo y que requieren conocimientos técnico-jurídicos por ser la actividad y gestión del Servicio de Salud multidisciplinar en cuanto a sus actuaciones y efectos».

La segunda página concreta más al indicar que «los letrados de la plantilla del Sespa, tres en la actualidad, son escasos, por lo que ni por número de personal propio, ni por volumen de asuntos a atender anualmente y especialización que exigen es posible la cobertura de todas las necesidades de asesoramiento».

Y la tercera página -en total son 16- estipula el presupuesto base de licitación: 999.999,99 euros por un plazo inicial de «dos años, prorrogables de uno en uno hasta un máximo de otros dos años».

A la luz de este documento, Galcerán considera «incuestionable» que «ha existido una voluntad de privatización». Y agrega que «tanto el Gobierno regional como la Federación Socialista Asturiana (FSA) deben mostrar con obras su rechazo a actitudes como la de la gerente del Sespa y castigarlas como corresponde». El diputado popular agrega que «cuando se miente alegremente y no pasa nada, se causa un daño irreparable a las instituciones».

La controversia sobre los servicios jurídicos del Sespa no es un asunto nuevo. Allá por diciembre de 2009, tanto Carlos Galcerán como Jaime Reinares, diputado nacional del PP y concejal del Ayuntamiento de Oviedo, denunciaron lo que calificaban como una intención «oculta» de los responsables sanitarios de «entregar estos servicios a un bufete de abogados que es propiedad de una persona muy próxima al PSOE». A juicio de los portavoces populares, todos los caminos de este posible cambio apuntaban a un determinado despacho de abogados.

Por entonces, Elena Arias replicó que lo único que se estaba haciendo era «preparar un concurso público que normalice la contratación de abogados apoderados», ya que, hasta aquel momento, esta dinámica de contratación no se había sujetado a ningún protocolo normalizado. Lo que pretendía hacer el Sespa, añadió en aquel momento la gerente, era crear un marco normativo que rigiera la incorporación de abogados apoderados. Ayer, Arias aportó más detalles. «Lo que se estudió fue el modo de que el trabajo que solían hacer diez o doce letrados apoderados pudiera pasar a hacerlo un bufete o dos». Según Elena Arias, «se estudiaron diversos esquemas, y ésta fue una de las hipótesis que se barajaron. Pero nunca hubo una voluntad de privatizar el servicio, donde además de los letrados trabajan nueve o diez personas. Nada más lejos de nuestra intención».

La máxima responsable del Sespa explicó ayer que el recurso a los letrados apoderados data de la época en la que la gestión sanitaria correspondía al Insalud. En los últimos tiempos, agregó, «teníamos claro que con sólo tres letrados de plantilla no podía funcionar bien». Arias no cree que las futuras incorporaciones permitan prescindir totalmente de los apoderados, ya que «el trabajo es complejo», pero sí vaticina que «la tarea que se les encomendará bajará muchísimo».

Elena Arias asegura que todas las vicisitudes expuestas en esta información «no tienen nada que ver» con la reciente destitución del jefe de los servicios jurídicos del Sespa.